La Ecuanimidad reactiva la causa por las ayudas y subvenciones de la susodicho alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a entidades afines a lo prolongado de sus dos mandatos al frente del Concejo. En concreto, la Audiencia de Barcelona ha organizado investigar a una interventora del Consistorio, Carmen T. M., quien ocupaba el cargo cuando el gobierno de Colau subvencion a varios organismos afines, al considerar que “debera suceder formulado reparos” delante esta prctica si se constatara que no existan razones para adscribir las ayudas de forma directa o reiterada.
As lo sostiene la seccin finca de la Audiencia de Barcelona en un utilitario, al que ha tenido entrada este diario, en que tambin acuerda que se requiera al Concejo y a las cuatro entidades afines a Colau que recibieron las subvenciones -entre ellas el Observatorio DESC o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)– para que “justifiquen el destino” de las ayudas recibidas.
En su utilitario, la Audiencia estima parcialmente los bienes que la Asociacin para la Transparencia y la Calidad Democrtica y la Asociacin de Juristas Constitucionalistas interpusieron contra la decisin del chancillería de instruccin nmero 21 de Barcelona que rechaz investigar a esta interventora y deneg las diligencias que haban solicitado.
En este sentido, la Audiencia recuerda que la causa se mantiene abierta “porque existen indicios de la posible comisin de los delitos de prevaricacin y malversacin de caudales pblicos”, y entiende que deben practicarse todas las diligencias que sean necesarias para aclarar los hechos.
As, considera que las diligencias que propone la Asociacin de Juristas Constitucionalistas pueden ser “tiles” para aclarar y “aumentar, o no”, los indicios de delito, por lo que requiere al Consistorio y a las cuatro entidades objeto de este proceso que justifiquen el destino de las ayudas concedidas.
“Donado que varias de las personas que intervinieron en la concesin de las subvenciones tenan vnculos con las entidades que recibieron el monises, conocer cmo se utilizaba el monises puede aportar informacin relevante para valorar si, al concederse, quienes las concedan era conscientes de estar dando un uso desviado a fondos pblicos”, indica tambin en su resolucin la Audiencia provincial.
Como “mera hiptesis”, los magistrados plantean que “puesto que las entidades que recibieron las subvenciones las destinaron en una elevada proporcin a gastos de personal, pudiera resultar que quienes concedan las subvenciones saban que estaban facilitando el cuota de retribuciones a sus compaeros o excompaeros, en vez de destinar el monises a finalidades adecuadas para un comunidad”.”Y no debe olvidarse que las subvenciones se fueron sucediendo en el tiempo”.
En este sentido, ven “moderado” que se requiera la justificacin de las subvenciones, “como dato que puede arrojar luz a los presuntos delitos que aqu se investigan”.
Paralelamente, tambin ordenan la mencionada imputacin a Carmen T.M., que era la interventora adjunta del Consistorio cuando se firm el primer convenio en 2014, y luego pas a habitar el puesto de interventora delegada cuando se otorgaron las otras subvenciones.
La Audiencia apunta que la Ley Normal de Subvenciones prev que con “carcter infrecuente” se podrn conceder estas ayudas de forma directa si existen razones de “inters pblico, social, econmico o humanitario”, pero que ello no puede interpretarse en el sentido de que todas se otorguen de forma directa, “ya que es difcil que en una subvencin no exista un inters pblico, social, econmico o humanitario”.
Por ello, sostiene que si se constatara que no existan razones para adscribir estas subvenciones de forma directa, sin concurrencia pblica, o que su reiteracin chocaba con la legislatura actual, la interventora “debera suceder formulado reparos”, ya que constituyen una “importante advertencia” y pueden ganar a provocar la suspensin de la tramitacin del expediente.
Adems, apunta que Carmen T.M., que actualmente ejerce como directora de Coordinacin Econmica, adscrita a la Intervencin Normal del Concejo de Barcelona, se ha pronunciado en artculos doctrinales “en trminos que no parecen encajar con la actuacin que ella misma tuvo en los hechos que son objeto de este proceso”. De esta forma, concluye que existen “indicios suficientes” para investigar a la interventora municipal.
El interventor militar
En marzo del pasado ao, el interventor militar del Consistorio aval delante el togado la moralidad de estas subvenciones y asegur que la concesin directa de las ayudas estaba debidamente justificada.
El interventor militar, que analiz los expedientes de las subvenciones municipales en los aos investigados, respald asimismo la actuacin de la interventora delegada del rea de servicios sociales del consistorio.
Cuando testific delante el togado, la funcionaria ahora imputada admiti que en su mensaje de fiscalizacin de las subvenciones de 2019 efectu varias observaciones en las que recomendaba que las ayudas se incluyeran en los presupuestos, pero, segn el interventor, no poda contraponer reparos porque las ayudas cumplan con los requisitos legales exigibles.
Caso reabierto
El togado instructor concluy en julio de 2022 que no se poda atribuir ningn delito a Colau por estas subvenciones ya que habón delegado sus funciones en la concesin de ayudas -que se venan otorgando desde la etapa de Xavier Trias-, no dio instrucciones al respecto y adems las aprob al final el pleno municipal.
Sin secuestro, la Audiencia oblig al togado a reabrir la causa en noviembre de 2022 por un delito en la concesin “recurrente y reiterada” de subvenciones plurianuales por el trmite infrecuente de concesin directa, “sin concurrencia competitiva”, entre 2016 y 2020.