Piden hasta 12 años de cárcel para los miembros de una trama de narcopisos de l’Hospitalet


La Fiscalía pide entre nueve y doce primaveras de prisión para 24 presuntos miembros de una trama que gestionaba una red de narcopisos en l’Hospitalet de Llobregat, donde vendían “basuco”, un tipo de cocaína adulterada, mucho tóxica y dañina, y de bajo coste.

En el motivo que ha empezado este lunes en la sección segunda de la Audiencia de Barcelona y seguirá el miércoles, se juzga a más de una veintena de personas por comercializar con lo que en el escrito de la Fiscalía se ha descrito como un tipo de cocaína adulterada, con finalidad poco duradero, pero extremadamente dañino, destinada a consumidores de escasos fortuna económicos con graves problemas de anexión a sustancias tóxicas.

Red de puntos de distribución en lugares ocupados

Tras adulterar la cocaína y convertirla en una sustancia especialmente tóxica y adictiva, procedían a la distribución de esta en una red de puntos de cesión establecidos, los cuales, en la mayoría de los casos, habían sido objeto de ocupación por parte de los propios acusados o terceras personas.

En su escrito de recriminación, el ocupación sabido apunta que los denominados narcopisos no servían nada más como punto de cesión de las sustancias estupefacientes, sino que todavía se habilitaban en el empleo espacios donde los compradores podían consumir la droga adquirida.


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Encima, la Fiscalía insiste en que, para evitar ser descubiertos, los acusados adoptaron medidas de seguridad para ocultar su actividad, tales como establecer los puntos de cesión en domicilios amparados por la inviolabilidad del mismo, realizar vigilancias y evitar juntar en los narcopisos grandes cantidades de parné y sustancias estupefacientes que pudiesen ser descubiertas en una eventual entrada y registro.

A los veinticuatro acusados se les atribuye un supuesto delito de pertenencia a clan criminal, por el que la fiscal pide hasta dos primaveras de prisión, y otro delito agravado contra la lozanía pública, por el que piden hasta nueve primaveras de prisión, y multas que ascienden a 300.000 euros.


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Dos de los veinticuatro acusados todavía están acusados de un delito de fraude de fluido eléctrico, por el que la Fiscalía pide una multa de 4.500 primaveras, encima de las penas por los otros dos delitos.

El ocupación sabido pide un total de 12 primaveras de prisión para uno de los acusados al que, encima de los delitos mencionados, se le atribuye un delito de lesiones por el que la fiscal propone tres primaveras más de prisión. 

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