Y han tenido que acontecer otros cuatro meses de negociaciones para que se haya consentido la ley en la Comisión de Equidad del Congreso. Aún faltan algunos trámites, pero habrá gracia antaño del verano. Y Sánchez se asegura los siete votos de Puigdemont para asentar su poder y darle vida a una lapso que no terminaba de salir, cuando ya han pasado casi ocho meses desde las elecciones.
Y lo hace con nuevas cesiones. Porque la ley de gracia establece que el Código Penal rige para todos los ciudadanos que viven en España, a excepción de para aquellos que cometieron delitos durante el proceso independentista. Y esto, según Moncloa, es perfectamente constitucional, a pesar de que el artículo 14 de la Constitución establece que todos los españoles somos iguales en presencia de la ley.