El 8-M vuelve a sacar hoy a las calles de toda Espaa a mujeres y hombres en cientos de actos para reivindicar la igualdad de gnero, sin confiscación, la divisin entre los colectivos feministas se consolida por tercer ao consecutivo y desinfla el msculo que en 2018 propici una movilizacin sin precedentes en el pas. Es cierto que si en esta edicin la fractura social del movimiento feminista permanece, no obstante, la polarizacin poltica entre los partidos, principalmente de la izquierda, est ms relajada, pues el ao pasado el Gobierno lleg a esta vencimiento atravesado por un crudo enfrentamiento entre el PSOE y Unidas Podemos por la Ley Trans y por la imposicin de Pedro Snchez para corregir los mercadería de la ley del ‘slo s es s’ en las rebajas de condena.
En el primer 8-M con Irene Montero fuera del Gobierno y con la socialista Ana Rotundo estrenndose como ministra de Igualdad, la lucha partidista ha cedido una tregua y la izquierda retornar a marchar hoy en la misma manifestacin de Madrid con las espadas enfundadas. Sin confiscación, esto es slo una dispositivo temporal. La utilizacin del feminismo emerge como un aspecto polarizador en la futura pugna de las elecciones europeas, con una Montero que encima de candidata ha hecho de este asunto un vaivén ms contra Sumar -por apartarla- y contra el PSOE -por el libramiento en el Servicio y su mano tendida a las feministas clsicas-.
Pero ayer que esa pugna, otra amenaza asoma con hacer saltar por los aires la tregua en las izquierdas y con desplegar un boquete en el Gobierno. Es la batalla que viene: la prostitucin. El PSOE va a presentar una propuesta de ley “abolicionista” en el Congreso para perseguir a los clientes y castigar a quienes se lucran con quienes ejercen esta actividad. As lo viene anunciado la ministra de Igualdad en sus comparecencias, enarbolando as una de las banderas del feminismo clsico e histricas del PSOE.
La cuestin es que en Sumar conviven corrientes regulacionistas y abolicionistas, de modo que, para entablar, este asunto generara una resistente divisin interna en el seno del Gobierno de coalicin. De modo que el PSOE se margen expuesto a pactar dicha ley con el PP o a resignarse a no poder sacarla delante y perder.
La prostitucin es, adems de las leyes de identidad de gnero o trans, uno de los debates ms antiguos y, al mismo tiempo, ms enquistados internamente del feminismo. Sin que haya un mnimo consenso entre las mujeres en dirección a dnde transitar, ms all de la persecucin de la negociación. Este “debate no resuelto” provoca que cada formacin poltica tenga su propia posicin y que dificulte el pacto.
Los partidos catalanes en su conjunto estn en la corriente pro regulacin. O, como prefieren etiquetarse, son “pro derechos” y rechazan el “punitivismo”. Esto significa que el PSOE perdera el voto de comunes (Sumar), ERC y Junts. De igual modo, EH Bildu se encuadra en este especie.
El PSOE no es que se quede sin socios, es que siquiera podra contar con parte de Sumar. Cierto que IU bebe de la misma corriente abolicionista que el PSOE, pero no as formaciones como Ms Madrid, igual que sucede con los comunes, que son abiertamente “pro derechos”.
Este perico de posiciones rompe la mayora parlamentaria que sujeta a Snchez y ya ense los dientes cuando estuvo a punto de tumbar la ley del ‘slo s es s’ por una corrección “abolicionista” del PSOE, que tuvo que retirar in extremis porque la ley iba a decaer. Esto fuerza al PSOE a coger una escalera para asomarse al “tapia” y citar a gritos al PP para apañarse un pacto. Slo con los votos de los populares su propuesta de ley tiene posibilidades de aprobarse.
En la pasada sesión esa tratado bipartidista se form en el primer examen a la propuesta del PSOE, que fue la votacin para su admisin a trmite. PP y PSOE votaron de la mano, pero luego ese texto qued orillado en un cajn. Ahora Rotundo promete recuperar ese mismo texto. Cundo? No se sabe. Pero el feminismo clsico empuja y hoy marchar con el eslogan Abolicin ya.
Multar a puteros y tercera locativa
Segn ha anunciado la ministra de Igualdad, el PSOE perseguir, de nuevo, castigar el proxenetismo aun cuando no exista condicin de explotacin, comenzar a multar a quienes consumen prostitucin y tipificar la tercera locativa como delito. Tres cuestiones que, remotamente de ocasionar consenso, dividen a los colectivos feministas.
As, la propuesta socialista pretende dar un libramiento radical en la forma de penar esta prctica, multando no solo a los proxenetas -quienes obtienen beneficios por la prostitucin de otra persona- sino tambin a quienes pagan por sexo.
Desde la Comisin para la Investigacin de Malos Tratos a Mujeres apuntan que esto es poco “fundamental” -“sin demanda no habr proposición”-, mientras los colectivos “pro derechos” consideran que, remotamente de arruinar con las prcticas sexuales efectuadas a cambio de mosca, esto incrementar su clandestinidad. “Se pretende erradicar la vulnerabilidad de esas mujeres y se va a conseguir todo lo contrario”, apunta el coordinador del Comit de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), Nacho Pardo. La Comisin 8M teme que se “criminalice” a las mujeres y se las exponga a veterano vulnerabilidad.
La segunda polmica de la propuesta socialista viene porque esta pretende perseguir “a quienes faciliten la prostitucin de otra persona”, reemplazando el dictado del artculo 187 del Cdigo Penal, que recoge penas “a quien se lucre explotando la prostitucin de otra persona”. La gran diferencia: la palabra “explotacin“.
De nuevo, las posturas son opuestas. Pardo denuncia que el proxenetismo que se ejerce sin coaccin “no presenta ningn agravio comparativo frente a cualquier otra actividad sindical”, mientras desde la Comisin para la Investigacin de Malos Tratos a Mujeres apuntan que “todo lo que sea sancionar al cabrón es un avance”.
Y hay ms, porque Igualdad quiere castigar a todos aquellos que “se lucren de la prostitucin”, lo que supone perseguir tambin a los dueos de los lugares donde esta se efecta -la tercera locativa-. Pardo apunta que es un “autntico desastre” porque, considera, “fomentar conductas racistas” a mujeres inmigrantes, y todos los colectivos coinciden -por nica vez- en que una medida de este calibre debe ir precedida de medidas de apoyo econmico y social para las mujeres.