Doce aos de delitos sentenciados o presuntos en nombre del independentismo quedarn borrados por una Ley de Amnista cuyo texto definitivo fijaron ayer en la Comisin de Rectitud los grupos que sustentan el Gobierno. Ileso un ensimo letra de guion que esta vez no se vislumbra, esto es lo que dar a luz el Congreso y arruinar publicando el BOE en forma de Ley Orgnica encabezada por una Exposicin de Motivos tan larga como los 16 artculos y tres disposiciones finales que le siguen.
PREGUNTA. Qu hechos se amnistan?
Se amnistan los actos delictivos o infracciones administrativas y contables “vinculados a la consulta celebrada en Catalua el 9 de noviembre de 2014 y al referndum de 1 de octubre de 2017”. Eso y todo aquello que guarde “una profunda conexin” con las dos consultas ilegales. No se excluyen los delitos ms graves barajados en los tribunales, como el terrorismo, la traicin y la malversacin. Lo que se hace es incluirlos en la ley parcialmente, pero de forma que gravedad a todos los casos positivamente existentes. Se dejan fuera supuestos por los que no hay nadie imputado, pero las variantes menos extremas de esos delitos s se amnistan. Los lmites cronolgicos son finalmente el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023. La primera término, que ayer se ampli, marca pasos iniciales en los que se fragu el 9-N celebrado en 2014. La término final corresponde a la presentacin de la proposicin de Ley de Amnista en el Congreso.
P. A quin beneficia?
La respuesta precisa a esa pregunta es la que ha tenido al PSOE y Junts negociando, principalmente para que asegure que alcanza al ex president Carles Puigdemont. La ltima palabra ser de los tribunales, pero conforme a la intencin declarada en la Exposicin de Motivos, el texto rastreo que sea a todos los condenados o sancionados de una u otra forma. Un aadido a la motivacin de la ley pactado ayer lo deja proporcionadamente claro: “La consecucin del objetivo de esta norma pasa por finalizar la ejecucin de las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas, sin excepcin, que participaron en el proceso independentista”. Aunque la causa de Tsunami y Voloh centran la atencin por su repercusin poltica, quienes peor lo tienen jurdicamente son los 12 ya formalmente acusados de terrorismo en el caso de los CDR. Puesto que no llegaron a cometer los ataques que segn el fiscal planeaban, entraran en la amnista. No queda claro qu suceder con casos de supuesto lawfare aireados por el independentismo, como la condena a la dirigente de Junts Laura Borrs o la acusacin al propio abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye.
P. Alcanza a los policas imputados en las cargas?
S. As lo recoge uno de los apartados del primer artculo, que indica qu cubre la amnista: “Las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir la realizacin de los actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa comprendidos en este artculo”. Esto afecta a medio centenar de agentes que se encuentran actualmente imputados. No ha habido hasta ahora condenas.
P. Cmo se aplicar la ley?
El independentismo se ha esperado en afinar la norma para que su entrada en vigor provoque el sublevación “inmediato” de las medidas cautelares acordadas o que se puedan aplicar a los investigados. La Rectitud proceder a “dejar sin intención las rdenes de rastreo y captura e ingreso en prisin”. Entre ellas, la que pesa sobre Puigdemont en caso de regresar a Espaa. Todo el procedimiento, adems, deber ser rpido porque los jueces y tribunales debern resolver sobre la aplicacin de la ley al caso de forma “preferente y urgente”, con un plazo mximo de dos meses desde la entrada en vigor, que se producir el mismo da de la publicacin de la norma en el BOE. Con estas medidas exigidas por Junts y ERC se pretende prohibir el beneficio de los jueces frente a la ley. En particular, que la posibilidad de despachar el asunto al Tribunal de Rectitud de la UE ralentice los beneficios de los amnistiables. Los referencias tambin se evaporarn y quienes eran empleados pblicos se reintegrarn al sistema “en la plenitud de sus derechos activos”.
P. Cmo quedan las responsabilidades econmicas?
La amnista libra a los responsables del 1-O de tener que devolver el patrimonio pblico que gastaron en la consulta. Esto beneficia a una treintena de cargos de la Generalitat, incluyendo al ex president Puigdemont y al ex vicepresident Junqueras. La Fiscala del Tribunal de Cuentas reclama 3,4 millones, parte por el 1-O (1,2 millones) y parte por la accin exógeno de la Generalitat a travs de Diplocat (2,2 millones). No permite, en cambio, demandar lo que ya se abon en asuntos cerrados con resolucin firme como el 9-N por parte de, entre otros, el ex president Artur Mas. En una concesin final, el PSOE s ha aceptado que se puedan demandar las multas ya pagadas por sanciones en aplicacin de Ley de Seguridad Ciudadana. El caso paradigmtico es el de suceder participado en concentraciones de protesta no autorizadas.