claves del acuerdo de PSOE, Junts y ERC



“Estamos aprobando una ley que va a ser un referente mundial“, exclamaba esta mañana el ministro de la Presidencia Félix Bolaños. El nuevo texto de la condonación pactado por el PSOE, ERC y Junts ha conseguido luz verde en la Comisión de Imparcialidad. Es un documento formado por 16 artículos que plantea un amplio perdón para el terrorismo y la malversación. Estas son las novedades con las que cuenta.

Se disminución el terrorismo

La principal novedad es que el terrorismo se considerará según la carta europea. Así, quedarán fuera los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo según la directiva europea de 2017 y que hayan causado “de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos”, en particular las reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el derecho internacional humanitario.

Al tener en cuenta la legislatura europea, ha quedado fuera toda remisión al Código Penal castellano.

Delitos desde 2011

Se ha ampliado dos meses el ámbito temporal de la condonación con respecto a la precursor propuesta. Ahora, se aplicará desde el 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023.

La ley anulará la “responsabilidad penal, administrativa y contable” de todas las personas vinculadas a la preparación y la ejecución del procés, y incluso a las protestas que lo rodearon.

El delito de malversación estará cubierto “siempre que no haya existido propósito de lucro” y de obtener “un beneficio personal de carácter patrimonial”.

Y recoge otra disminución en lo que se refiere al delito de adhesión traición: solo quedan excluidos los actos en los que se haya usado la fuerza.

Condonación integral y de aplicación inmediata

Esta será una ley de aplicación “preferente y urgente”. Esto significa que, tras entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ayer tendrá que acontecer por el Senado. Se prevé que podría concluir su tramitación a finales de mayo. Entonces, los tribunales y los órganos administrativos deberán aplicar la ley en un plazo mayor de dos meses.

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