La Ley de Trata vuelve al Consejo de Ministros



El Gobierno ha admitido, en el Consejo de Ministros extraordinario por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Ley Orgánica Integral contra la Negociación que quedó irresoluto la pasada reunión en su misma redacción.

En esta ocasión, lo ha hecho a propuesta del Profesión de Igualdad, que dirige la socialista Ana Claro, mientras que en la pasada reunión lo impulsó la entonces ministra de Jurisprudencia, Pilar Llop, en división de la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero.

Se tráfico de una aprobación en primera lección, por lo que el texto tiene que producirse por los órganos consultivos y, por otra parte, en la rueda de prensa posterior al Consejo, Claro ha manifestado su intención de contar con la opinión de todas las organizaciones del sector.

“Es una ley que no es punitivista, es una ley fundamentalmente centrada en la prevención, en la sensibilización y en la protección de las víctimas. Y lo que se pretende es desempeñarse frente a todas las formas de tráfico, como nos exige tanto el convenio de Varsovia como el convenio de Estambul y nuestros compromisos internacionales”, ha asegurado.

Asimismo, Claro ha recordado que, con esta ley, amplían el concepto de tráfico a otras tratas que tienen que ver con la tráfico profesional, la tráfico sexual, la tráfico con objetivo matrimonial, matrimonios concertados, la tráfico para comercio de órganos, etcétera.

Los principales puntos de la Ley de Negociación

Respaldo de los derechos de la víctima

Como novedad, se crea el Mecanismo Franquista de Derivación (MND), como víscera encargado de la inmediata derivación de las presuntas víctimas de tráfico.

Con carácter caudillo, se reconoce el derecho a una protección y público especializadas, adecuadas a la tipología de tráfico y explotación sufrida y al perfil de la víctima. Se le informará en un idioma que pueda comprender, con ayuda de un intérprete o mediador cultural, si fuera necesario, y en estrecha colaboración con las entidades especializadas acreditadas.

Se reconoce asimismo el derecho a la privacidad y a la protección de la identidad desde el momento de la detección y el derecho a la público jurídica gratuita.

Protección de menores

Contempla la protección de menores víctimas de tráfico y explotación. Así, se reconoce el derecho a una protección y público especializadas, adecuadas a la tipología de tráfico y explotación sufrida y al perfil de la víctima y con un procedimiento ágil, especializado y bajo el principio del interés superior del último.

Se pretende avalar la información y décimo de los menores en todos los procedimientos y la continuidad de la público y protección una vez alcanzada la mayoría de permanencia. Todavía se prevén medidas específicas para los menores no acompañados y la no repatriación por interés superior del último.

Sistema de protección

Todavía se crea una Relatoría Franquista sobre Negociación y Explotación de Seres Humanos, dependiente del Profesión del Interior, con rango de Dirección Militar, que supervisará todas las políticas públicas en materia de tráfico y explotación y desempeñará el papel de coordinador franquista a los enseres de representación de España en el ámbito internacional. Adscrito a esta Relatoría se encuentra el Mecanismo Franquista de Derivación.

Adyacente a ella, se regulan las unidades especializadas de las instituciones públicas implicadas en el proceso de detección e identificación. Por otra parte, aborda asimismo la cooperación institucional e internacional con los países de origen, adoptando un enfoque integral que zapatilla tres ejes prioritarios: la prevención, la protección y la persecución.

Extensión de ayudas económicas

Este viernes el Consejo de Ministros ha instado al servicio de Igualdad a desarrollar el artículo 41 de esta Ley para extender las ayudas económicas a víctimas de violencia de variedad a las víctimas de violencia sexual.

Igualmente, la titular de Igualdad ha anunciado que se ha admitido la renovación del protocolo de acto frente al acoso y al extralimitación en el seno de la Establecimiento Militar del Estado, un acuerdo tocado y anunciado la pasada semana.

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