La Fiscalía de Castilla y León ha sugerido “como iniciativa legislativa”, la creación de una nueva Clasificación jurídica específica para cuando la víctima de un delito contra la seguridad vial sea un ciclista o motociclista. Así, se podría dotar a las víctimas de un “plus de protección penal motivado por su posición de debilidad” respecto de los turismos y camiones y “establecer una respuesta penal, una pena diferente, cuando la víctima del accidente sea una persona de uno de estos dos grupos.
Así lo confirma el Informe 2023 de la institución, al que tuvo acceso Ical, presentado este jueves con motivo de la Apertura del Año Judicial 2023-2024, que va más allá y valora la posibilidad de reducir la frecuencia de las pruebas psicométricas para la conducción cuando las personas son mayores. En opinión del organismo que dirige Santiago Mena, es “indiscutible que el paso del tiempo afecta a las capacidades de cualquier persona para desenvolverse en la vida diaria, y esto también se puede y se debe decir cuando se trata de la conducción de vehículos”.
«La progresiva disminución de la capacidad plena de nuestros sentidos, a medida que avanza la edad, o la aparición de patologías que requieren control mediante determinado tipo de medicación, provocan muchas veces una pérdida importante de las habilidades y condiciones necesarias para la conducción. vehículos que afectan a la seguridad vial”, ha advertido la Fiscalía.
En este sentido, ha abogado por “buscar un equilibrio entre los derechos individuales y colectivos de seguridad pública”, que pasa por un «examen adecuado del mantenimiento de las capacidades necesarias para poder conducir un vehículo de motor. Entre ellas, propone una menor frecuencia en los periodos de renovación, “a partir de una determinada edad”. Sin embargo, la propia entidad ha considerado que es “insuficiente si no se realizan reconocimientos médicos adecuados a las circunstancias de cada conductor”. “Es en este punto donde quizás haya que mejorar el método de examen seguido hasta ahora”, recomienda la Fiscalía.
Violencia de género
En el Informe, la institución aborda y sugiere diferentes temas en determinadas áreas. Es el caso de la violencia sobre la mujer, en el que la Comunidad cuenta con dos juzgados especializados en Valladolid y Burgos, mientras que en el resto de provincias “ninguno de los juzgados es exclusivo en esta materia”. Además, un “número importante son juzgados mixtos”, es decir, de primera instancia e instrucción. En este sentido, la Fiscalía criticó que la existencia de “doble competencia civil y penal implica excesivo trabajo, falta de especialización de la función pública en materia de violencia de género, excesiva rotación de jueces, que muchas veces desconocen los procedimientos vigentes y sus particularidades, o la frecuente asunción de funciones judiciales por sustitutos carentes de especialización.
La Fiscalía advierte de que “sigue siendo muy importante el número de expedientes urgentes incoados en materia de violencia de género”, donde “La rapidez de la respuesta judicial es fundamental”. En la mayoría de las fiscalías se ha dado prioridad a la tramitación de los asuntos mediante juicio rápido y algunos juzgados incluso han iniciado todos los procedimientos que provienen de denuncias presentadas ante la policía como procedimientos urgentes. Asimismo, ninguno de los juzgados penales de la Comunidad “está especializado en esta materia”.
Por otra parte, en relación con los delitos cometidos a través de nuevas tecnologías, el Informe constata un “ligero repunte” en la comisión de delitos de violencia contra las mujeres a través de esta vía. El de Valladolid precisa que la incidencia va en aumento, ya que las nuevas tecnologías se utilizan en alrededor de la mitad de los delitos de amenazas, acosos, incumplimientos y delitos menores de acoso, especialmente en el final de la relación.
Las fiscalías coinciden en que el principal problema que plantean estos delitos es la dificultad de acreditar la autoría cuando no se acredita la propiedad del dispositivo transmisor, o cuando el investigado niega la autoría de los mensajes que aparecen en las capturas de pantalla aportadas por la víctima. que “requerirían la realización de un peritaje, incompatible con la tramitación del caso por vía de urgencia”.
En el trabajo
En 2022 se iniciaron 1.664 diligencias previas por delitos de lesiones imprudentes por accidente de trabajo. La Fiscalía señala que las investigaciones de accidentes laborales “a menudo son largas y complejas”, especialmente en aquellos casos en los que se ven implicadas varias empresas y subcontratas con “numerosos mandos intermedios y personas con funciones de seguridad”. En este sentido, la Fiscalía requiere la creación de un cuerpo policial especializado para agilizar los trámites.
También llama la atención sobre las dificultades técnico-jurídicas sustantivas o procesales planteadas, en un proceso procesal que “suele ser lento, debido entre otros motivos al retraso en la elaboración de los informes periciales”, y también por los numerosos documentales, ” las dificultades en algunos casos de localización del perjudicado, la desaparición de empresas subcontratistas implicadas y, en ocasiones, la realización de numerosas diligencias estériles en la investigación, pero que son solicitadas por la acusación particular.
La Fiscalía concluye que “no hay mayor incidencia” de reclamaciones a extranjeros que a españoles, “pese a la situación de vulnerabilidad en la que se pueden encontrar”. Cuestión distinta, prosigue, es el problema de la instrucción en procedimientos en los que los trabajadores o testigos afectados sean de nacionalidad extranjera, ya que “esto dificulta en ocasiones” la toma de declaraciones y la determinación del alcance de las lesiones sufridas. Ante esto y en previsión de que puedan tener la intención de regresar a sus países de origen, la institución recomienda “tomar las precauciones necesarias para informarles de inmediato todos los derechos que les corresponden como presuntas víctimas y llevar a cabo las acciones para asegurarlos.” Del examen”.
Para concluir, en materia de extranjería, la Fiscalía denuncia que “persiste el problema de la absoluta falta de investigación sobre la posible existencia de arraigo familiar o laboral de los extranjeros investigados”, de forma que, en la mayoría de los casos, Ante la calificación se desconoce la situación personal, familiar o laboral del extranjero, “por lo que resulta desproporcionado solicitar la expulsión de todo ciudadano para que en el juicio se acredite la situación de arraigo”.