Los Mossos d’Esquadra han desarticulado en el campo de acción metropolitana de Barcelona a diversos grupos dedicados al tráfico doméstico e internacional de grandes partidas de mariguana y de marihuana, interconectados entre ellos y vinculados al crimen organizado italiano. En total, se han detenido a 18 personas y practicado 21 registros.
El eficaz policial deriva del caso Magenta, organizado conjuntamente con la Escolta di Finanza Italiana, cuyo dispositivo en Catalunya e Italia, coordinado por Europol, ha culminado con 78 personas detenidas relacionadas con el crimen organizado italiano. En Catalunya, la investigación la ha dirigido el auditoría de primera instancia e instrucción número 4 de Badalona (Barcelona), y en Italia la Fiscalía Antimafia de Milán.
En Catalunya
Intervenido un cargamento con unos 400 kilos de marihuana
El dispositivo policial se desarrolló en Catalunya el pasado 20 de febrero, cuando los Mossos detuvieron a 18 personas y llevaron a final 21 entradas y registros en diversos domicilios y naves industriales en Barcelona, Terrassa, Ripollet, Badalona, Sant Adrià de Besos, Premià de Dalt, Vallgorguina, Sant Just Desvern, Sant Esteve Sesrovires y Masquefa, así como en una asociación cannábica de la hacienda catalana.
En la operación, en la que participaron unos 200 agentes de los Mossos, fueron desmanteladas seis plantaciones de mariguana, con unas 4.000 plantas en diferentes etapas de crecimiento, y un laboratorio de producción de marihuana. Asimismo, se requisaron 20 kilos de cogollos de mariguana, 31 kilos de marihuana, 61 kilos de polen cannábico, más de 53.000 euros en efectivo, un pistola detonadora, una pistola de viento comprimido y unos 20 cartuchos de diferente calibre. Por otra parte, se intervino un cargamento con unos 400 kilos de marihuana, que había llegado a Catalunya oculto en tractores procedentes de Marruecos.
A los 18 detenidos, vinculados a diferentes grupos criminales, se les atribuyen los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a estructura criminal y fraude de fluido eléctrico, cuyo coste por conexiones ilegales a la red ascendía a 362.335 euros.
La investigación se inició a mediados del 2023, cuando la DIC detectó un orden criminal que utilizaba naves industriales de Catalunya como “guarderías” para la droga.
Los investigados recibían camiones y tractores procedentes de Marruecos en los que se transportaba de modo oculta la droga, y una vez en región catalán la trasladaban a diferentes ubicaciones, donde era almacenada y desde donde se distribuía a nivel doméstico y en el extranjero.
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La estructura principal abastecía a grupos de pequeños traficantes y a una red de personas que se dedicaban al tráfico de drogas al detalle.