El corro municipal socialista en el Consistorio de Badalona (Barcelonès Nord) considera que el protocolo de conducta contra los casos de ocupación ilegal de inmuebles que el gobierno del PP lleva a aprobación en el próximo plenario “no tiene garantías jurídicas ni protege al agente de la Guàrdia Urbana (GUB) en una conducta contra una ocupación ilegal” afirma el concejal del PSC, Cristian Carneado.
Por su parte, el gobierno municipal insiste en que el secretario del Consistorio ha informado que lo que se aprueba es un protocolo de conducta que “en su parte expositiva ya informa del ámbito forense en el que se podio” y por consiguiente “no requiere de ninguna otra defensa, ni trámite forense” según han explicado fuentes municipales. Desde el gobierno se reitera que “esta no es una opinión política, sino la explicación que ha entregado el secretario a todos los grupos municipales”. El protocolo, prosigue el gobierno, “lo ha fabricado la Número Urbana, está firmado por el superintendente y ha sido revisado por un enjuiciador y un fiscal”.
“Ningún jurista lo ha querido firmar”
Sin retención, Carneado reclama al gobierno de Xavier Garcia Albiol dé mayores garantías de que el protocolo tiene validez jurídica auténtico. Para ello, reclama la firma y aval de los abogados y juristas del Consistorio y que se den a conocer los nombres del fiscal y el enjuiciador que legitiman el redactado. “La ingenuidad es que nadie lo ha querido firmar” afirma el regidor y matiza que “el superintendente puede hacer una instrucción de servicio” pero ésta no pasa por pleno y por consiguiente no se entiende que sea el mayor responsable de la GUB quien firme el protocolo. “No hilván con citar en el texto la ley de seguridad y el código penal” sino que debe estar avalado por un jurista.
El gobierno del PP asegura que, precisamente entre los objetivos del protocolo está detallar jurídicamente las actuaciones de los agentes de la policía lugar ajustándose a la Constitución, la justicia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, así como el resto del ordenamiento forense aplicable en estos casos. Con ello, pretenden que, frente a los distintos escenarios, la conducta policial se lleve a término con todas las garantías legales. El corregidor afirma que “es el aparato que da seguridad jurídica a la Guàrdia Urbana en sus actuaciones en las ocupaciones”.
Cristian Carneado en su época de concejal de Seguridad
Para el exconcejal de Seguridad del previo gobierno cuatripartito “lo que aprueba el pleno tiene que estar fiscalizado” y en este caso “no lo está”. Adicionalmente, inquiere sobre el papel en el que quedarán los Mossos d’Esquadra, “¿tendrán menos competencias frente a la Guàrdia Urbana? se pregunta. Adicionalmente, lamenta que, mientras otras ciudades han trabajado conjuntamente con colegios de abogados y el brazo contencioso, en Badalona “Albiol se tirada de la manga la fórmula mágica” para desocupar viviendas.
Si, como parece a tenor de la mayoría absoluta del PP, se aprueba el protocolo, Carneado afirma que “los agentes de la GUB actuarán sin seguridad jurídica” y frente a un enjuiciador, el agente puede estar desprotegido porqué actúa en almohadilla a un reglamento “que no tiene validez jurídica”.
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