La Comisión Europea se pronunció contra las reformas que dieron impunidad a los políticos
En enero de 2019 rumano estaba, como ahora España, a la cabeza de la Presidencia de la Unión Europea y el debate político en el país se centró, como ahora también en España, en la tramitación de una ley que buscaba amnistía a dirigentes políticos.
El 11 de enero, en una visita largamente esperada a Bucarest, el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ofreció una rueda de prensa en la que expresó su categórico rechazo de la UE al proceso que estaba en marcha. Si se concede la amnistía, como anticipan algunos en este país, sería un paso atrás en el Estado de derecho, afirmó.
Sí, Europa se construye sobre la base del compromiso, pero no puede haber concesiones cuando se trata de lo esencial. (…) Lo esencial se vería afectado negativamente si hubiera una amnistía, añadió a una pregunta que buscaba aclarar si fue reafirmada en declaraciones anteriores de la UE cuestionando el camino tomado por el país.
Anteriormente, el entonces vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermanns, había sido claro: si la Comisión debe ser brutal en su evaluación (sobre el Estado de derecho), lo será. Y si debemos utilizar otros instrumentos a nuestra disposición, lo haremos, afirmó, amenazando con añadir a Rumanía a la lista de países investigados por no respetar el Estado de derecho.
Los políticos que se beneficiaron de la reforma que se tramitaba fueron muchos, pero principalmente uno: el líder del Partido Socialdemócrata (PSD) Liviu Dragnea. Con su partido entonces en el Gobierno, el considerado hombre fuerte del país no estaba él mismo al frente del Ejecutivo por una condena previa que le había inhabilitado para hacerlo.
Además de la oposición de la UE, una gran parte de la sociedad rumana se opuso a las nuevas leyes y ya había salido a la calle dos años antes contra las primeras medidas para exonerar a los políticos condenados por corrupción. Finalmente, en mayo de 2019, coincidiendo simbólicamente con las elecciones al Parlamento Europeo, se celebró un referéndum con una participación récord que apoyó abrumadoramente (80%) una reforma constitucional que bloqueaba las reformas en cuestión.
Al día siguiente de la votación, el Tribunal Supremo rechazó un recurso de Dragnea y confirmó su condena a tres años y medio de prisión por corrupción. En concreto, por abuso de poder y falsedad relacionada con contrataciones ficticias cuando era presidente de un organismo regional. El líder político ingresó a prisión horas después de la decisión del Tribunal Supremo.
El freno a las reformas hizo posible que el año pasado la Unión Europea pusiera fin a 15 años de vigilancia especial sobre la situación del Estado de derecho en Rumania.
En el caso de España, las autoridades europeas no se han pronunciado sobre la eventual aprobación de una ley de amnistía. Sí mostró su preocupación hace meses cuando, con la misma intención política con la que ahora se abre la puerta a la amnistía, se eliminó la sedición y se suavizó el delito de malversación, los dos que se imponían en las sentencias de los procesos.
En una visita a España en febrero, el jefe de la delegación de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, pidió que la reforma no exima a nadie de condenas por corrupción. No puede haber excepción para ningún caso que cometa corrupción. (…) hemos pedido que se nos garantice que el Código Penal contra el fraude y la corrupción no tenga ningún trato preferencial con nadie, afirmó.
En eso procesos El principal delito de sedición iba acompañado en algunos casos de malversación de fondos, delito que está incluido en la lista de delitos de corrupción. En la euroorden contra los primeros presidente Carles Puigdemont, el Tribunal Supremo marca la casilla de corrupción en la modalidad de los delitos por los que se le reclama. El motivo fue la malversación de fondos públicos en el referéndum ilegal. De hecho, las autoridades alemanas aceptaron incluso la entrega del expresidente a España por malversación de fondos. El Tribunal Supremo no aceptó este cumplimiento a medias de la orden europea y prefirió insistir en la entrega también por sedición. Hoy ese delito ya no existe, mientras que el otro, la malversación, está pendiente en las negociaciones para la investidura.