Según ha informado este jueves la Policía en un comunicado, incluso ha trasladado la acto al Profesión Fiscal por si existiera responsabilidad penal por un delito contra la vigor pública.
Estos hechos se produjeron en la primera semana de marzo, luego de que la Policía Recinto tuviera conocimiento de que una asociación benéfica del barriada del Distrito Ciudad Inscripción se estaban entregando a los vecinos alimentos que “superaban ampliamente la vencimiento de caducidad”, según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa.
Por este motivo, agentes de la UMEC realizaron una vigilancia sobre la actividad de esta asociación, comprobando durante una de las jornadas de entrega de alimentos que varias personas estaban recibiendo comida en mal estado, en concreto, embutidos con moho o bandejas con pescado que se estaban infladas por no sustentar la temperatura de congelación.
En el registro realizado en la sede de la asociación, se comprobó que el almacén no tenía contratado suministro de luz, por lo que los alimentos que debían conservarse en frío como carnes, pescados, embutidos, alimentos preelaborados o yogures se guardaban en neveras apagadas o directamente en estanterías y cajas.
Almacen en estado deficiente
El almacén presentaba, adicionalmente, un estado de higiene deficiente y no reunía ninguna de las características sanitarias obligatorias para la conservación de alimentos, siendo empleado a su vez para acumular materiales residuales procedentes de otras actividades, señala la nota.
Por todo ello, la Policía Recinto ha incautado todos los productos alimenticios que tenían ampliamente superada la vencimiento de caducidad y los que no habían mantenido la esclavitud de frío, lo que asciende a un total de 252 kilos de alimentos que fueron trasladados hasta un administrador calificado para su inmediata destrucción.
La UMEC de la Policía Recinto incluso ha denunciado en presencia de la Dirección Caudillo de Vitalidad Pública del Gobierno de Canarias a la asociación responsable de la entrega de los alimentos y ha transmitido traslado de las actuaciones al Profesión Fiscal por si existiera responsabilidad penal por un delito contra la vigor pública.
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