Ribón centra la trascendencia de lo ocurrido en que se “pérdida el principio de confianza mutua” y explica que “la fiscalía tiene en su propio estatuto orgánico como pauta de incondicional cumplimiento el suministrar el sigilo y el deber de secreto de los hechos que pueda tener conocimiento por razón de su cargo” y critica que en esta ocasión “ha revelado con datos, con horas, con detalles y con entrecomillado de conversaciones aquello que se mantuvo entre un docto y el propio fiscal en el situación de una eventual conformidad”.
Fiscalía de Madrid a través de un comunicado informó de la secuencia de acontecimientos en torno al “pacto de conformidad” que ofreció el 2 de febrero la defensa de Alberto González Amador al fiscal que le investiga adyacente a cuatro personas por supuesta fraude fiscal de 350.951 euros entre 2020 y 2021. E insiste Ribón que esto “disuelve por completo el derecho de defensa. Es poco que no hemos tenido precedente de una extrema trascendencia”.
Asegura el decano que el Colegio es “al margen al caso” y defiende que “no sale en defensa de ningún ciudadano secreto, sale en defensa del derecho de defensa y del secreto de comunicaciones”. En principio las denuncias no se dirigen contra nadie en concreto, sino que persiguen la “identificación completa de los autores” para “depurar responsabilidades”.
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