La víctima había viajado a España desde su país de origen con el objetivo de trabajar. El ahora detenido le había ofrecido un entendimiento de trabajo que nunca llegó a cumplir. De esta forma, se mantuvo a la trabajadora en situación irregular y retenida en un domicilio. Allí se encargaba del cuidado y atención de una persona maduro con discapacidad. Adicionalmente, ejercía de origen del que era su supuesto presidente y ahora detenido.
La Policía ha transmitido a través de una nota de prensa que la mujer trabajaba de forma continua y que así llevaba seis meses. No tenía ni un solo día de alivio cuidando de la origen del detenido. Siquiera tenía asueto y no recibía ningún salario por su cultivo, excepto pequeñas cantidades de efectivo para comida. Luego, la trabajadora no podía residir por sí misma, tenía que apelar a terceras personas para subsistir.
Ahora la investigación está en curso. La Policía Doméstico la ha comenzado a raíz de que la víctima haya conseguido denunciar. Una vez que los agentes comprobaron este estado de precariedad y que no había sido dada de reincorporación en la Seguridad Social como trabajadora (y luego sin disfrutar de cobertura médica, salario, descansos o asueto), prosiguieron a la aplicación del protocolo de protección integral y a la detención del supuesto beneficiario.
El inculpado se enfrenta ahora a un delito de negociación de seres humanos, que según el Ocupación del Interior, se negociación de un delito que supone uno de los ataque contra los derechos humanos y la dignidad de las personas más denigrantes que existen. El delito está castigado con pena de prisión de 5 a 8 primaveras y antes no cerca de la suspensión de la pena privativa de prisión.
Necesaria la inspección profesional
Hace unas semanas, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba que se trabajaba “para avalar los derechos a los trabajadores y trabajadoras más vulnerables” y que luego “la inspección profesional es fundamental para la protección de todas las personas trabajadoras”. Esto venía a raíz de un caso que impactó al país, donde la Policía liberó a 21 víctimas de explotación profesional que tenían que trabajar a altas temperaturas en el campo sin escanciarse ni engullir.
En este dispositivo se detuvo a 15 personas en Brenes y Cantillana (Sevilla), una lado formada por dos clanes familiares que falsificaban la identificación de las personas que se encontraban trabajando cambiando la fotografía. Captaban a las personas igualmente en sus países de origen y los traían prometiéndoles un entendimiento digno. Una vez que llegaban, las condiciones de vida eran infrahumanas de las cuales no podían escapar porque estaban siendo continuamente vigilados.
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