Espaa es uno de los cinco Estados de la OCDE que no ha definido una táctica anticorrupcin franquista ni dispone de un organismo institucional responsable de mitigar este aventura en el sector pblico. Por el contrario, el pas se sita a la vanguardia en la definicin de criterios de auditora para perseguir los delitos de corrupcin, aunque solo el 37% de estos parmetros se terminan aplicando en la prctica.
Segn revela un noticia del organismo publicado este martes, de media, los Estados miembros de la Organizacin para la Cooperacin y el Crecimiento Econmico (OCDE) cumplen el 45% de las recomendaciones sobre cmo adoptar un plan estratgico de lucha contra la corrupcin, mientras Canad, Islandia, Irlanda y Noruega, inmediato con Espaa, ni siquiera cuentan con dicho situación.
En trminos de regulacin sobre lobbies (grupos de inters), Espaa tambin suspende, pues solo ha introducido en su norma el 25% de los criterios que recomienda la OCDE y, en la prctica, no est forzando su cumplimiento. En los pases de la organizacin, en promedio, uno de cada tres de estos criterios se est aplicando de forma efectiva.
El noticia celebra que la legislacin espaola imponga a los funcionarios cierto periodo de carencia tras renunciar su cargo pblico antiguamente de poder dedicarse a otra actividad relacionada, pero apunta que esta obligacin no se est garantizando en la prctica. As, el organismo resalta la carencia de regular la influencia de los grupos de inters en las instituciones del Estado, aumentar la transparencia de su actividad e incluirlos en un registro.
En el costado opuesto, los criterios espaoles de auditora interna y externa a aplicar frente a casos de corrupcin cumplen con el 92% de las recomendaciones de la OCDE -frente al 67% de media entre los pases miembros-. Sin retención, en la prctica solo se aplica el 37% de estos criterios, un porcentaje levemente superior al promedio del 33% que registra la organizacin. En este sentido, el noticia pone de manifiesto que Espaa no est recogiendo datos de las instituciones presupuestarias para elaborar su táctica de gestin del aventura.
El nico mbito en el que Espaa sobresale, positivamente, es en trminos de transparencia de la informacin. La legislacin espaola sobre este aspecto satisface el 89% de los criterios recomendados por la OCDE y, en la prctica, ocho de cada diez de estos parmetros se estn cumpliendo efectivamente. El noticia celebra que la norma franquista regule el tiempo mximo por el que puede tumbarse la tramitacin una solicitud de datos pblicos y reconoce que toda la informacin relativa a la memorándum del Gobierno, salario de los funcionarios y resultados electorales es de fcil golpe a travs de los sitios web oficiales.