El Defensor del Pueblo, equivalente al Defensor del Pueblo valenciano, ha criticado la ausencia de un protocolo de actuación común entre la Generalitat y los ayuntamientos a la hora de intervenir en casos de menores en riesgo y ha instado a la Administración a crear una intervención consensuada en este tipo de situaciones.
Esta es una de las principales conclusiones del Defensor del Pueblo valenciano, ángel lunaquien ha presentado este lunes los resultados de la primera investigación realizada por esta institución para diagnosticar la realidad social y administrativa de las situaciones de riesgo en la infancia y la adolescencia en la Comunidad, y cómo los servicios sociales la abordan, tanto a nivel autonómico como desde las entidades locales.
Entre los argumentos de esta denuncia de oficio, que fue abierta en junio de 2022, Luna destaca que no existe un protocolo de actuación común “Ni consenso ni coordinación técnica” sobre cómo proceder en cada paso de la intervención de los menores en riesgo, por lo que actualmente el trabajo de los servicios sociales municipales “no es muy homogéneo y existe variedad de formas de definir y abordar la declaración de la situación de riesgo”.
Según el Defensor del Pueblo, el Departamento competente en materia de infancia y adolescencia tiene la obligación legal de poner a disposición de las entidades locales un protocolo de detección, evaluación e intervención en situaciones de riesgo con el fin de “garantizar la unidad de criterio en el ejercicio de la acción protectora de los menores”. en todo el territorio”, algo que recomienda en su resolución.
En la Comunidad Valenciana, la competencia para detectar, evaluar, intervenir, declarar y determinar el cese de la situación de riesgo corresponde a la ayuntamientos. Sin embargo, Luna precisa que el Ministerio debería contar con datos que permitan diseñar políticas integrales de prevención y atención de situaciones de riesgo.
El informe remitido por la anterior Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirigía Compromís, indica que sólo cuenta con los datos facilitados por los Equipos Específicos de Atención a la Intervención con la Infancia y la Adolescencia (EEIIA), pero no con los de los ayuntamientos cuidados básicos. Así, “también se desconoce el grado de eficacia de estas intervenciones y si existen necesidades que no están cubiertas en las entidades locales y que impiden mejorar su eficacia”.
El Defensor del Pueblo considera que el Departamento “no puede eludir la responsabilidad” de obtener los datos necesarios para avanzar en el diseño unificado de actuaciones de prevención y atención de niños y adolescentes (NNA) que puedan encontrarse en situación de riesgo, argumentando que la competencia en esta intervención corresponde a las entidades locales. Por ello, el Defensor del Pueblo recomienda que asumir la responsabilidad obtener también datos sobre las intervenciones de los servicios sociales municipales.
Según las cifras facilitadas por la entonces Conselleria de Igualdad, el número total de niños y adolescentes atendidos por el EEIIA (Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia) en la Comunidad Valenciana (2021) asciende a 12.885 (6.607 son hombres y 6.278 mujeres ). Por provincias, 1.916 en Castellón; 3.550 en Alicante y 7.419 en Valencia. De los 12.885 niños, niñas y adolescentes evaluados como en riesgo y remitidos a la EEIIA, 616 menores habían sido declarados en riesgo, de los cuales 328 eran hombres y 288 mujeres. Por provincias, 86 en Castellón; 134 en Alicante; y 396 en Valencia.
La institución del Defensor del Pueblo también insta al Departamento a implementar programas de formación con el fin de garantizar el acceso de profesionales de diferentes ámbitos (servicios sociales municipales y autonómicos, sanidad, educación, etc.) y desarrollar una formación especializada. Además, que se reduzca la temporalidad y movilidad en las plantillas de los EAPB (Equipos Básicos de Atención Primaria) municipales.
Motivos de intervención de menores
El Departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas sí indica en su informe que los principales motivos de intervención en la EEIIA en 2021 fueron los siguientes:
-Negligencia: 3.673 casos.
-Separación/divorcio: 3.609 casos.
-Salud mental/adicciones: 3.076 casos.
-Maltrato emocional: 1.938 casos.
-Violencia de género: 1.518 casos.
En esta investigación ha participado el Departamento de Sociología I de la Universidad de Alicante; 109 Ayuntamientos y once Mancomunidades que representan otros 87 Ayuntamientos respondieron a los cuestionarios. Además, los ministerios de Educación, Cultura y Deporte, Igualdad y Políticas Inclusivas, y Salud Pública y Salud Universal también respondieron a los informes solicitados por esta institución.