No hay legislatura sin debate y acuerdo parlamentario para que la tramite el Congreso de los Diputados el traslado a Galicia de la Autopista del Atlántico. Y como no podía ser de otra manera, el Parlamento inicia su sesión este martes con una nueva votación sobre el asunto, después de que la disolución de las Cortes después de que el adelanto electoral hiciera decaer el proceso que estaba en marcha y afrontaba su aparente recta. final.
Es la cuarta vez que el Pazo do Hórreo aborda el traslado. Al primero, allá por 2016, le siguió un portazo en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno de Mariano Rajoy se opuso al traspaso alegando el elevado coste de la operación, como si hubiera que llevar adelante el rescate de la concesión. en paralelo. El adelanto electoral de 2019 truncó la iniciativa en Cortes, tras otro acuerdo unánime de todos los partidos en Galicia, y en 2021 se reprodujo este consenso. El Congreso estuvo ultimando el proceso -sin que hubiera un pronunciamiento expreso del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el traslado- hasta que la convocatoria de elecciones generales del pasado mes de julio reseteó todas las iniciativas legislativas en marcha. Es hora de empezar de nuevo.
Será el segundo punto del orden del día, sólo por detrás la toma de posesión de dos nuevos parlamentarios del grupo popular, en sustitución de Pedro Puy y Francisco Conde, que abandonaron la Cámara tras ser elegidos diputados el pasado 23 de junio. Se someterán a debate dos textos legislativos del PP y del BNG, que coinciden en el fondo -la transferencia de la propiedad de la autopista a la Comunidad Autónoma y la poderes sobre el régimen jurídico de la concesión, pero que abordan por separado la letra pequeña del procedimiento.
Los nacionalistas fijaron en su propuesta un plazo máximo de seis meses para “la transferencia efectiva” de la infraestructura a la Xunta desde la entrada en vigor de la ley, y en otra disposición adicional señalan que el Estado «asumirá las obligaciones económicas y financieras en el caso de que las prórrogas mediante las cuales se acordó la prórroga sean declaradas nulas y vacío. del periodo de concesión. Esta decisión, que extendía el manto de Audasa hasta 2048, fue cuestionada –tras la denuncia de la asociación viguesa En Colectivo– y posteriormente avalada por la Unión Europea. Por si acaso, el BNG cuela esta cláusula en los artículos.
El PP, por su parte, amplía el catálogo de obligaciones presupuestarias del Estado, incorporando “el cumplimiento de todas aquellas infraestructuras ya comprometidas, así como las que sean necesarias en el futuro”. Él también afirma que la Administración central asuma la eliminación del incremento acumulativo anual del 1% para los próximos 20 años, fijado como compensación por las obras de ampliación de la carretera.
“Queremos una AP-9 íntegramente gallega y sobre la que podamos decidir y mejorar el servicio que reciben sus usuarios, pero nunca una que suponga un lastre para los gallegos”, ha explicado este lunes el portavoz parlamentario del PP, Alberto Pazos, que ha aprovechado para tirar un dardo al BNG. «Están orgullosos de haber conseguido una reducción histórica de los peajes, sin olvidar el incremento que sufre cada año, y ahora pretenden que esa rebaja histórica caiga en el bolsillo de todos los gallegos« asegurando que con su factura »serían ellos quienes tendrían que pagar a la concesionaria«. Por el contrario, el vicepresidente parlamentario del BNG Luís Bará ha respondido acusando al PPdeG de tener “mala conciencia” en relación al traslado de la AP-9 ya que lo ve como “el máximo responsable” de que su El traspaso no se concretó, informa Ep.