El sindicato CSIF exige su “aprobación urgente” para evitar que se produzcan casos similares al de Luis Rubiales.
El nuevo protocolo contra el acoso sexual y por razón de género de la Administración General del Estado, negociado entre las Central Sindical Independiente y Funcionarios (CSIF) y el Ministerio de Hacienda y Función Públicapermanece congelada por el Gobierno desde noviembre de 2022. El sindicato exige su aprobación urgente para evitar que se produzcan casos similares al de Luis Rubiales en la Administración Pública y, de esta forma, poder sancionar situaciones y conductas como la llevada a cabo del ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol tras la final del Mundial femenino.
El Gobierno ha pillado el toro con Rubiales y está aplicando la Ley de deportes de 1990, apuntan desde el CSIF, donde destacan que este nuevo protocolo afectará directamente a más de 250.000 personas, sin contar a quienes trabajan en organizaciones vinculadas o son dependientes de la Administración Pública. En el sindicato creen que el retraso se debe a los cambios que se han producido en el seno del ministerio, que perciben pendiente en otras materias, y destacan el carácter pionero del texto, ya que entre otras cuestiones protege específicamente al colectivo. . LGTBIQ+, con mención específica a las personas trans. También aspiran a que se convierta en un referente social para poder sancionar actos como los de Rubiales. En la Administración Pública no existe un protocolo exclusivo a seguir para sancionar conductas de estas características. Es algo muy grave que venimos denunciando desde hace tiempo, añaden.
11 meses de negociación
El texto está listo desde hace casi un año. Hubo un gran consenso para firmarlo y, después de 11 meses de negociación, incluso teníamos fecha para hacerlo, pero el día anterior nos dijeron que, por problemas de agenda, se posponía, indican desde el sindicato. donde afirman no haber recibido ningún motivo de peso. eso justifica el retraso. EL MUNDO se ha puesto en contacto con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, donde han confirmado que la firma aún no se ha producido, pero subrayan que el compromiso es sacarla adelante y será una de las primeras tareas cuando se forme Gobierno. Una vez firmado se elevará al Consejo de Ministros para darle rango de Real Decreto.
El nuevo protocolo delimita las conductas que constituyen acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso por orientación, identidad o expresión de género. El primer grupo incluye, entre otros, los coqueteos ofensivos, los comentarios insinuantes, sugerentes o desagradables, los abrazos o besos no deseados y la cercanía física excesiva e innecesaria y define también conductas que constituyen chantaje sexual, como obligar a una persona a elegir entre someterse a exigencias sexuales o perder o ver perjudicados ciertos beneficios o condiciones de trabajo.
En el segundo apartado se encuentran actos como comentarios sexistas basados en prejuicios de género, comportamientos discriminatorios por ser mujer u hombre, o asignar tareas sin sentido o imposibles de realizar a una persona en función de su sexo. Finalmente, en el tercero, se encuentran actitudes como dirigirse a la persona de maneras ofensivas por su orientación sexual o identidad o expresión de género, realizar conductas que denotan una falta de respeto a la diversidad sexual y de género o utilizar un humor sexista y humillante hacia las personas. con orientación sexual distinta a la heterosexual o identidad sexual distinta a cisexual (personas que se sienten identificadas con su sexo anatómico).
Además, el protocolo obliga a todos los empleados públicos a denunciar los casos de posible acoso del que tengan conocimiento en su entorno laboral, y contempla un plazo máximo de 30 dias desde que se hace la denuncia para que pueda ser resuelta.