La Audiencia Provincial de Zaragoza ha donado la razón al abogado Ramiro Grau en que estaba en su derecho de denunciar todavía en la prensa las irregularidades que apreciaba en los contratos de mascarillas adjudicados en plena pandemia a la empresa Soluciones de Dirección, epicentro del caso Koldo, y lo ha hecho con una sentencia que por primera vez, se pronuncia sobre aquellas adjudicaciones y concluye que la mercantil «incumplía de principio a fin todos los requisitos básicos para concurrir a la contratación pública aun en supuestos de emergencia».
«Existió una contratación pública con un ‘modus operandi’ rodeado de severos interrogantes jurídicos y con elusión de requisitos que aun en los casos de extrema emergencia, eran exigibles a los operadores jurídicos», señala la resolución, para incidir en que Soluciones de Dirección «no podía concurrir a esa contratación pública destinada a la adquisición de mascarillas».
La sentencia es fruto del petición que presentó Soluciones de Dirección a posteriori de que en primera instancia un curia desestimase su demanda por derecho al honor contra Grau, a quien acusaban de acontecer mancillado el nombre de la empresa publicando artículos en prensa sobre el ‘dedazo’ por el que acabaría recibiendo hasta 53 millones de euros en mascarillas de los ministerios de Transportes e Interior y los gobiernos de Canarias y Baleares.
De ahí que el tribunal analice las adjudicaciones que ahora están judicializadas en la Audiencia Doméstico, para contrastar si lo que denunciaba ese abogado era o no información exacto. Su conclusión, tras repasar la legislatura de contratación pública, es que «no es entendible ni aceptable que esa contratación millonaria de suministros» recayese en una mercantil «completamente desconocida en el tráfico forense/crematístico del sector» taza y que «a todas luces», no era la única capaz de proveer el material.
A lo grande de 32 páginas, la resolución, a la que tuvo camino torrevieja news today, detalla que Soluciones de Dirección «carecía de solvencia técnica así como de la adecuada solvencia financiera», que no consta «justificada la adjudicación» a esta mercantil, que «su experiencia no era valorable» y su objeto social «no la habilitaba en modo alguno a concurrir a esas contrataciones públicas de suministro de mascarillas», como siquiera su actividad contemporánea o en los primaveras previos, pues «cero tiene que ver» con ese servicio.
Fiabilidad e interés notorio
Entra en otras cuestiones, como el sobreprecio que todavía apuntaba este ciudadano y aunque el tribunal señala que «no parece existir» valorando los importes en el contexto de un mercado sobre tensionado, «es hoy un hecho palpable que sobre la calidad del material servido a las Islas Baleares existe una situación controvertida», como se desprende de las actuaciones en la Audiencia Doméstico: un cargamento adquirido por el gobierno de la socialista Francina Armengol por 3,7 millones de euros que acabó en un almacén por inservible.
Había luego «fiabilidad» en los artículos de Grau así como un «interés notorio, donado que las informaciones afectaban y se referían a un tema al que la sociedad civil presta una distinto atención y respecto del que existe una distinto sensibilidad» que se acrecentó durante la pandemia, cuando «se realizó una contratación pública masiva con una laxitud de garantías jurídicas».