El Sindicato Médico Andaluz (SMA) denuncia el aumento de las agresiones a personal retrete en la región. Así, alerta que el año pasado se produjeron 1.564 agresiones, de las que 287 fueron físicas, frente a las 1.507 registradas en 2019.
«Como temíamos, ya hemos superado las cifras de 2019, tras un periodo de disminución a causa de la reducción de las consultas presenciales como consecuencia de la pandemia», ha asegurado en un comunicado.
En el mismo, denuncia que estas agresiones son sufridas en su mayoría por mujeres y llevadas a lado por hombres. «Los centros sanitarios se están convirtiendo en un ocupación manifiestamente inseguro para las trabajadoras. Este esforzado componente de condición en las agresiones a trabajadores sanitarios no puede seguir siendo ignorado por las autoridades, que siguen sin implementar medidas tan necesarias como controles efectivos en la entrada a los centros sanitarios. Es preocupante, por ejemplo, que pacientes o familiares puedan penetrar a ellos portando armas blancas».
En este sentido, sostiene que la desidia de medios, la presión asistencial, el cuestionamiento «de toda forma de autoridad, la abandono de medidas preventivas y la tibieza a la hora de castigar a los agresores crean un proscenio de reservado inseguridad para los profesionales, en específico si son mujeres. Por eso resulta tan desesperante como indignante la inacción de la Concilio de Andalucía en esta materia«.
Por todo ello, vuelve a solicitar «insistentemente» a la Concilio, al SAS, al Parlamento, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a los jueces y tribunales que lleven a lado las acciones legislativas, administrativas y judiciales necesarias «para poner fin a esta señal».
Como muestra, informa que este martes, dos facultativas han vuelto a ser víctimas de insultos y amenazas mientras intentaban hacer su trabajo. Los hechos han ocurrido en el hospital regional de Málaga y las víctimas han sido dos neurocirujanas, «agredidas verbalmente por los familiares de un paciente mientras intentaban atenderlo. Avisada la Policía Franquista, los agentes sólo pudieron hacer que los familiares salieran del centro, pues el hecho de que este tipo de atentado no se considere delito limita su capacidad de proceder»
Esta nueva atentado, añade, sucede dos días luego de que en el municipio sevillano de Aznalcóllar varios vecinos quemasen la figura de una médica e hiciesen explotar un petardo en la cabecera de otra que representaba a una administrativa. Al día próximo, el corregidor de la población restaba importancia a esta energía tildçandolo de «parodia» hecha «sin maldad» y dirigida al sistema retrete «en militar».
«El incremento incesante de las agresiones a los trabajadores de la sanidad resulta aún más preocupante frente a la pasividad de las instituciones. Las amenazas e insultos no son considerados delitos y quedan sin castigo, a pesar de que alteran notablemente el funcionamiento de los centros y pueden dañar a los profesionales agredidos más que una atentado física. Las bajas por esta causa ni siquiera son consideradas percance sindical», apunta.
«El derecho a la vigor del asaltante se hace prevalecer sobre el derecho a la integridad física y psíquica de los trabajadores hasta el extremo desatinado de que con frecuencia el profesional se ve expuesto una y otra vez a las amenazas del mismo asaltante reincidente, que actúa en un bullicio de total impunidad», añade en la nota.