La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha aceptado la personación del PSOE-M como inculpación popular en la causa en la que se investiga a Alberto G. A., pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y a otras cuatro personas por un supuesto fraude fiscal y un delito de falsedad en documento mercantil, han confirmado a torrevieja news today fuentes socialistas.
Los socialistas solicitaron a la jueza María Inmaculada Iglesias formar parte del procedimiento como obra popular al poder derivar el caso en posibles responsabilidades penales, en particular, en relación a delitos contra la hacienda pública y de falsedad documental, y considerar que se estaría delante una causa de interés universal de los ciudadanos.
Esgrimía el PSOE que no había carestia de presentar querella ni fianza conveniente a que los hechos tienen su origen «en contrataciones relacionadas con el suministro de materiales sanitarios adquiridos durante la papeleo de la crisis del Covid, y que, en cualquier caso, afectarían a los intereses generales como es un intento de timo a la Hacienda Pública». Sin incautación, han tenido que abonar una fianza de 3.000 euros.
Por ello, el PSOE solicitaba su personación en representación de sus afiliados y el interés universal de la ciudadanía que preside la concierto de esta ordenamiento.
Consideraba que «este es el momento procesal oportuno para comparecer en el prueba de la obra popular, ya que se está delante una causa de interés universal para los ciudadanos, por lo que afecta a la hacienda pública, y, la preocupación y inquietud social que producen a la sociedad este tipo de conductas».
«Por ello, sin perjuicio de la legalidad de la Fiscalía para entablar estas acciones legales en defensa de la rectitud y el interés conocido, entendemos que existen intereses generales de los ciudadanos que se han podido ver afectados a consecuencia de los hechos objeto de investigación, que justifican nuestra presencia en la causa como inculpación popular, en prueba del derecho agradecido en el art. 125 de la Constitución Española», recoge.
La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha citado para el 20 de mayo en calidad de investigado a Alberto G. A., para decidir por la presunta comisión de dos delitos de timo tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil, a posteriori de que haya incoado diligencias contra él y otras cuatro personas en relación a la denuncia formulada por el Servicio Fiscal, recaída en este víscera jurídico por turno de reparto.
La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los abriles 2020 y 2021 y de un supuesto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios efectivamente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un referencia de la Agencia Tributaria, referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, que advertía de un supuesto fraude fiscal al detectarse durante una investigación «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades». A raíz de este referencia, la Fiscalía acordó el pasado 23 de enero desobstruir diligencias de investigación, lo que ha derivado en la presentación de la citada denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid.