La proposición de ley de Concordia de Castilla y Audaz, presentada hace una semana por los grupos Popular y de Vox, dará este jueves un primer paso con su admisión a trámite por la Mesa de las Cortes. En su reunión, el víscera de gobierno de la Cámara tiene en su orden del día la admisión a trámite de esta proposición de ley, informaron a Ical en fuentes parlamentarias. Los servicios jurídicos de la Cámara no ven obstáculo admitido alguno para que siga su tramitación y pueda ser aprobada.
El próximo paso de las Cortes será su remisión a la Acoplamiento de Castilla y Audaz para que, en el plazo de quince días, manifieste su criterio y conformidad para su toma en consideración por el Pleno. Una vez conocida la posición del Ejecutor autonómico se podrá incluir en el orden del día del plenario.
No obstante, el Consejo de Ministros de este martes dio el conocido bueno para recurrirla frente a el Tribunal Constitucional si el Gobierno entiende que colisiona con la norma estatal de Memoria Democrática, pese a que previamente deberá la comisión doble entre el Gobierno central y la Comunidad deberá intentar montar a un acuerdo sobre el contenido de la norma para evitar que dilucide el Stop Tribunal.
En declaraciones realizadas este miércoles en una encuentro a Zamora, el líder de la examen autonómica socialista, Luis Tudanca, ha asegurado que su corro hará todo lo que esté en su mano para detener esta norma, como afirmó que hicieron con el protocolo antiaborto impulsado por la parte de Vox en la Acoplamiento.
Precisamente, el Corro Socialista quiere que el Consejo Consultivo realice un parecer en relación a la moralidad de la proposición de ley. En su escrito a la Mesa de las Cortes, apela al artículo 5 de la norma de esta institución en relación a las consultas facultativas. En concreto, la petición de consulta sobre un asunto en tramitación en la Cámara se podrá solicitar con el acuerdo conforme de la Mesa oída la Acoplamiento de Portavoces.
Entre 1931 y 1978
La proposición de ley de Concordia, una vez aprobada, sustituirá al Decreto de memoria histórica y democrática permitido en 2018 por el posterior Gobierno de Juan Vicente Herrera. Como explicaron sus promotores, el objetivo es «honrar y proteger» a todas las víctimas de persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales entre 1931 y 1978.
Los grupos Popular y de Vox quieren que este texto se apruebe al final del presente periodo de sesiones en las Cortes, que se cierra a finales de junio.