Alcoa avanza en la marcha contrarreloj por excluir su planta de producción en San Cibrao (Lugo). El confuso lleva abriles sin ser solvente; véase el parón de dos abriles al que estuvo sometido hasta hace un par de meses, o los 136 millones de euros que le costó, en pérdidas, a la multinacional aluminera contrajo en 2023 –de los 600, en total, que perdió en ese año, cinco veces más que en 2022–. Desde su reactivación, la empresa recorre una senda tortuosa, que pasa por inquirir un método que garantice la viabilidad de la industria gallega respetando, a la par, el acuerdo firmado con sus trabajadores en cuanto a los plazos de puesta en marcha y las inversiones que hay previstas para la planta. En este tablado, en el que el protagonista está siendo el diálogo entre Alcoa, comité y administraciones –franquista y autonómica– para luchar posibles vías de gala –llegó a ponerse sobre la mesa un rescate sabido–, la empresa anunció que se abría al diálogo con «posibles compradores» interesados en lograr San Cibrao. Ahora, avanza que será a partir de junio cuando acepte aceptar las primeras ofertas vinculantes.
Según ha informado este jueves el comité, tras asistir a la reunión de seguimiento en Madrid con la secretaria de Industria, la conselleira del ramo y representantes de Alcoa, la reunión comenzó retomando una conclusión a la que se había llegado en anteriores encuentros entre las administraciones y la empresa: que, en su situación de crisis, la aluminera no es apta para aceptar «ningún tipo de ayudas», ni «siquiera» las vinculadas a la compensación por CO2; con lo que ella misma abría la puerta a una posible traspaso. Según explicó Álvaro Dorado vicepresidente de energía en Alcoa, la previsión que manejan es que en la segunda parte de este año se terminen los fondos y, posiblemente, además se gravedad una «situación de insolvencia». «Ya empezamos contactos con potenciales compradores, vamos a aceptar ofertas no vinculantes a mediados de mayo y ofertas vinculantes a mediados de junio», ha asegurado el parada cargo, que insistió en que «el primer interesado en un potencial comprador fiable es Alcoa».
Precisamente, concreción en los plazos de traspaso previstos es lo que le había pedido a la compañía la secretaria de Industria, Mariola Torró. La titular de campo de acción ha señalado como un «requisito» que el potencial comprador «tenga disposición de continuidad con la empresa y la industria gallega», y ha asegruado que su Distribución acompañará a la firma «en todo lo necesario» para que la traspaso «sea efectiva y fiable». Asimismo desde el Ejecutor autonómico se muestran «a valenza» de apoyar el proceso «con todos los instrumentos necesarios» y de participar en él de forma «activa». Sin requisa, ha aclarado la conselleira, María Jesús Lorenzana, la Xunta de Galicia «no ve que sea bueno» que la empresa acceda al depósito de fondos de subsistencia creado en vigor del acuerdo –como siquiera lo aprueba el comité–.
Durante la reunión, Alcoa puso sobre la mesa una repertorio de medidas propuestas para cada uno de los actores, una suerte de distribución de roles mientras se desarrolla todo el proceso. Por ejemplo, al Gobierno le pidió valorar una potencial extensión de la concesión portuaria a partir de 2027 y que le ofrezca su apoyo en los permisos restantes sobre las PPA –contratos de compraventa de energía– que ya tiene firmadas. A la Xunta, exclusivamente le solicitó la aprobación de la balsa de lodos rojos (DBR) prevista para la industria –por el momento, dijo Lorenzana, Sanidad «solicitó aclaraciones» sobre el postrero crónica enviado– y «flexibildad en la trámite del agua que empleará».
La propia aluminera además se fija metas, mayormente relacionadas con la búsqueda, a corto plazo, de maneras de optimizar sus operaciones, ampliar su capacidad de mercado e incrementar su producción. Y al comité, como a la Xunta, «flexibilidad»; tanto en los plazos de rearranque de las cubas del confuso, «en función de la viabilidad»; como respecto a un «retraso» en otra inversión, la de un horno de ánodos, «hasta 2026, conexo a la viabilidad de la operación»; entre otros puntos. Asimismo a los trabajadores dirige la petición de apelar al depósito de fondos de emergencia, frente a lo que estos ratificaron su posición: «No vamos a permitir que Alcoa acceda al depósito financiero ni vamos a modificar el acuerdo de viabilidad». Asimismo pidieron crear una mesa técnica que aborde la «aprieto» de las tramitaciones del DBR y parques eólicos, con técnicos de ambas administraciones.
Por su parte, Gobierno y Xunta han asegurado estar «de acuerdo» en crear esa mesa técnica y se declararon «preocupadas por los tiempos planteados por la empresa para el proceso de traspaso». La semana que viene habrá una reunión a tres bandas, Alcoa-Gobierno-Xunta, para ver cómo trabajar «todos unidos», avanza el comité.