Él Parlamento de Andalucía Violó los derechos constitucionales de Teresa Rodríguez y otros ocho diputados al convalidar la expulsión del grupo parlamentario ordenada por la dirección de Podemos e Izquierda Unida tras un encarnizado enfrentamiento por el control de los fondos y medios de comunicación de la formación Adelante Andalucía.
Una sentencia del Tribunal Constitucional conocida este martes ha fallado a favor de los diputados de Teresa Rodríguez que denunciaron el acuerdo de la Mesa del Parlamento lo que les dejó fuera del grupo parlamentario y les condenó a asumir la condición de diputados no inscritos durante el resto de la legislatura, lo que supuso quedarse sin medios materiales y humanos para desempeñar sus funciones como representantes electos.
La sentencia, de la que el magistrado ha sido ponente María Luisa Segoviano AstaburuagaConcluye que los acuerdos impugnados han vulnerado el derecho a la representación política de Teresa Rodríguez y los otros ocho diputados.
La sentencia reconoce que la condición de diputado no adscrito afecta al núcleo de la función representativa de los diputados, ya que “implica objetivamente posibilidades de actuación parlamentaria desventajosas respecto a cuando se forma parte de un grupo parlamentario”. Los diputados fueron desalojados de las instalaciones del grupo parlamentario de Delantero Andalucía y fueron privados de los fondos que les habían sido asignados, a pesar de que quienes fueron objeto de represalias eran la mayoría en el grupo del que fueron expulsados.
De hecho, en las elecciones de 2018 ganó la candidatura de Adelante Andalucía 17 diputados, de los cuales 11 eran de Podemos y 6 de Izquierda Unida. Cuando Teresa Rodríguez abandonó Podemos se inició una guerra abierta por el control de las redes sociales y medios materiales del grupo parlamentario. Finalmente, y coincidiendo con la baja maternal de la diputada por Cádiz, IU maniobró en la mesa del Parlamento y obtuvo el apoyo del PSOE, el PP, Ciudadanos y Vox para aplicarle el estatuto de tránsfugas y posteriormente su expulsión del grupo parlamentario, pese a el hecho de que eran mayoría en él.
Los demandantes del amparo habían alegado que esta decisión de la Junta violaba su derecho a la representación política (art. 23.2 CE). Argumentaron que los acuerdos impugnados carecían de sustento normativo, ya que no se había acreditado la voluntad del grupo parlamentario, en el que eran mayoría, de cancelarlos y que su traslado a la consideración de no inscritos vulneraba el núcleo de su función representativa. por la pérdida de la posibilidad de integrarse en un grupo parlamentario.
En el fallo, el tribunal analiza si la decisión impugnada se adoptó en contra de lo establecido por el Reglamento de la Cámara en su momento y concluye que así fue, ya que recuerda que para pasar al grupo de no inscritos, los diputados tendrían que han sido dados de baja formalmente del grupo parlamentario, circunstancia que no se daba anteriormente.
El Constitucional dice que Identificar directamente la pérdida en un partido con la pérdida en el grupo parlamentario. Supone una “innovación de la normativa”, como demuestra la posterior modificación introducida en el art. 24.2.c) RPA en 2021 en el que ya se incluía este traslado automático para los casos de transfuguismo.
El TC considera también que hubo una identificación entre la figura jurídica del partido y la del grupo parlamentario, que ya ha sido “desautorizada por la jurisprudencia constitucional” y que en los casos de omisión reglamentaria sobre las causas de expulsión de un grupo parlamentario se debe ser respetado El principio democrático de decisión mayoritaria., según se deriva del art. 1.1 CE, que en este caso no habría sido acreditado.
El Pleno del TC afirma que en este caso el control a ejercer por la Mesa no se extendía a resolver sobre la competencia y procedimiento para acordar la retirada de un grupo parlamentario, sino a verificar un mero control formal del cumplimiento de lo establecido. presupuesto regulatorio. En arte. 24.1 RPA que, efectivamente, se había tomado la decisión del grupo de despedirlos, “lo cual es un control regulado que fue incumplido por la Junta”.
Finalmente, la sentencia descarta que los precedentes revelados por el Parlamento de Andalucía sobre la adquisición de la condición de no inscrito constituyan una pauta o uso parlamentario aplicable al caso, ya que de los tres citados dos de ellos son bajas voluntarias y en el Tercero , que es la única que resultó de una retirada no consensuada, la petición fue firmada por todos los miembros del grupo parlamentario, evidenciando así la existencia de una decisión mayoritaria de ese grupo.
Tres años y una legislatura después
Tras una lucha política con la dirección de IU y Podemos, Teresa Rodríguez logró mantener la marca electoral Adelante Andaluca, que transformó en un nuevo partido político con el que compitió en las elecciones de 2022, obteniendo 2 diputados. Con la legislatura ya en marcha, abandonó su acta para volver a su puesto de profesora de instituto en Cádiz.
Una vez conocida la resolución del Tribunal Constitucional, Teresa Rodríguez ha valorado que “tres años y una legislatura después”, El TC reconoce “que una diputada de IU (en referencia a la portavoz, Inmaculada Nieto), no podría expulsar a 11 diputados de Adelante Andaluca de su propio grupo parlamentario sólo porque conspiraron con el PP, el PSOE, Vox y Cs”.
Ésta fue – considera – “una operación del régimen que, finalmente y gracias al retraso del Tribunal Constitucional, ha salido más que bien”, dado que los derechos vulnerados ya no son reparables. Rodríguez recuerda que en aquella operación -que ella llama “arreglar lo que hay en el sur”- “se cambió el pacto antitransfuguismo para poder aplicar una regulación ilegal en Andalucía para conseguir tres objetivos”: “eliminar una fuerza soberana”. ; hacer la única fuerza de izquierdas cuya razón de ser no es convertirse en la muleta del PSOE; y quitar la piedra del zapato a quienes denunciamos los privilegios de la política, a quienes hablan de ética, de salarios razonables. y acabar con las dietas sin justificación”.
El exdiputado pide a IU y a Podemos, finalmente, que eviten argumentar que esta sentencia del TC sólo busca “perjudicar a la izquierda” porque asegura que el Constitucional Tenía la resolución redactada desde julio.“Y no lo han quitado para no perjudicar a los partidos centralistas del régimen, a todos ellos, incluido Sumar”.