En 2010, más de 56.500 ourensanos fumaban de forma habitual. Es asegurar, el equivalente inexacto a la medio de la población de la ciudad. Por otra parte de este colectivo que recurría al cigarro cotidianamente, existían otros 8.100 que consumían tabaco de forma habitual. Aunque el descenso no se puede inculpar solo a la entrada en vigor de aquella ley, los fumadores habituales cayeron a unos 49.800 solo cinco primaveras a posteriori, cerca de de 6.700 menos. El consumo furtivo se cortó por la medio y tan pronto como superaba los 4.000.
El panorama flagrante es proporcionadamente dispar, ya que los ourensanos que padecen la anexión son 44.329. A distancia, quienes fuman de vez en cuando son 5.865. En esquema: 50.194 personas aspiran humo de forma directa, según la AECC. Son muchos menos que ayer de aquella polémica ley. En concreto, 14.487 menos.
El perfil del fumador todavía ha cambiado. Los jóvenes se interesan menos por el tabaco: los fumadores menores de 25 primaveras son, hoy por hoy, la medio de los que había en 2010. El problema de la anexión acompaña la trayectoria vivo de una persona: si entonces los grupos mayoritarios eran las personas entre 25 y 54 primaveras, ahora, 13 primaveras a posteriori, son los comprendidos entre 35 y 64 primaveras.
Estos datos salen a colación a posteriori de que el Profesión de Sanidad haya admitido el nuevo plan antitabaco. Eso sí, con el rechazo de la maduro parte de las comunidades autónomas: solo recibió el apoyo de Cataluña, Canarias, País Vasco, Navarra y Asturias. La Xunta se compromete con la disminución del tabaquismo, pero pide consenso.
Este plan contempla medidas como la prohibición del humo en “ambientes comunitarios y sociales al meteorismo disponible”. Bajo la sombrilla de esta ambigua definición podrían resultar, por ejemplo, las terrazas de bares y restaurantes, uno de los puntos más polémicos, aunque todavía se plantea subir impuestos y aumentar el apoyo taza para dejar el túnica.