El procurador no adscrito Francisco Igea ha denunciado este lunes que el acuerdo de la Mesa de las Cortes del pasado 4 de abril, por el que se le retiraba la dedicación monopolio adentro del Conjunto Compuesto y su salario, va en contra de la Constitución por lo que presentó en el registro de la cámara un memorial para su revocación. Igea ha explicado que ahora se abre un plazo de tres meses para que la cámara vuelva a la «sensatez» y reconsidera ese audacia porque de no ser así acudirá a pedir amparo al Constitucional.
Igea ha detalaldo su solicitud de reconsideración y anulación del acuerdo y ha cargado contra el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, por su «animadversión personal», y contra el ilustrado de la cámara cuyo documentación justificó la audacia, por su equivocación de imparcialidad. En este sentido, ha indicado que esperan acoger el certificado de la reunión en la que se tomó esa audacia y que «se reconsidere» y no se vea obligado a comparecer al Constitucional, «sino fuera el caso» de tener que ir a otras instancias si viesen otro tipo de delito como el de prevaricación.
El procurador, ex de Ciudadanos, ha incidido en que no se alcahuetería del reparto de asignaciones sino de «conceptos esenciales del valía de la representación política de los ciudadanos delante las Cortes», para constatar que se ha producido una «clara transgresión» de ese derecho porque en el acuerdo «se recurre a un concepto de transfuguismo exorbitante, sin conexión con el sentido original de ese pacto».
Las sentencias del Constitucional «lo avalan», ha afirmado, para exponer que «no es cierto que la desvinculación política de un clan desestabilice la vida parlamentaria», para aclarar que el pacto antitransfuguismo se refiere a una audacia que «cambia las mayorías a cambio de prebendas de la nueva mayoría». «Es evidente que no es el caso», ha sentenciado, para precisar «nadie ha cambiado la voluntad de los electores», porque su expulsión fue «fruto de una critica interna».
Francisco Igea ha insistido, en declaraciones recogidas por Ical, en su defensa de la Constitución y puso de relieve que está en peligro el principio de democracia parlamentaria porque no son los partidos políticos los que toman las decisiones en el Parlamento, sino los representantes electos. «Si se deja en manos de los partidos la democracia parlamentaria dejará de tener sentido», ha dicho, para recapacitar por otra parte que el pacto antitransfuguismo no tiene carácter normativo.
«Si se admite esto como bastante dejaríamos sin capacidad ninguna a los representantes de estas Cortes y de cualquier parlamento. Los partidos no controlan la vida del parlamento, no pueden estar por encima de la actividad de los grupos y de los parlamentarios, lo dice la Constitución», ha argumentado.