En la plaza de la Flota, frente a la puerta de entrada principal al Senado, se iban amontonando este lunes los coches oficiales a medida que llegaban los presidentes autonómicos o sus representantes para intervenir en la comisión que debía batallar sobre el impacto que la perdón tendrá en sus comunidades. Una ristra de vehículos de los que solo se bajaron el catalán Pere Aragonès y los barones del PP. Nula representación socialista –no acudieron García-Page (Castilla-La Mancha), Chivite (Navarra) y Barboso (Asturias)– y del Gobierno, ausentes de nuevo en un debate de esta índole, como el que tuvo punto el pasado mes de octubre.
Entonces, con la perdón en ciernes, el presidente de la Generalitat se centró en discurrir las bondades de la ley. Este lunes su idea era «trolear al PP», aunque en efectividad lo hizo con el PSOE. Su firmeza al consolidar que Sánchez aprobará el referéndum como lo hizo con la perdón fue compartida por el resto de representantes autonómicos, todos del PP, a los que el catalán escuchó con atención, a diferencia de lo que hizo en octubre, cuando abandonó la sala mínimo más pronunciar su discurso. Su presencia acaparó los mensajes y envalentonó a alguno de ellos. «Quien quiera reírse de los aragoneses, lo único que demuestra es su enanez política», señaló Jorge Azcón, presidente aragonés.
Aun así, no fue el suyo el discurso más firme contra la ley y el Gobierno. Ese llevó la firma de Isabel Díaz Ayuso, ácida como siempre y especialmente elocuente. «El Gobierno ha hecho bandera del frentismo, de la mentira y de traicionar el mandato de las urnas, las instituciones y la propia Constitución, la mejor de nuestra historia. No es regular que se amnistíe a delincuentes para mantenerse en el poder a cualquier precio y menos que sean los delincuentes los que redacten los términos de esa norma», señaló.
Igualmente se refirió Ayuso a Cataluña y a los posesiones que tendría allí ese ‘cupo catalán’ del que se jactaba Aragonès poco antaño. «La primera consecuencia para los ciudadanos de Cataluña sería que no podrían cobrar sus pensiones. Cataluña es la región donde más diferencia hay entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social de toda España. El agujero es de más de 4.300 millones de euros. O lo que es lo mismo, casi 240.000 pensionistas catalanes dejarían de cobrar esta prestación en caso de que España deje de aportar a la Seguridad Social catalana», apuntó la presidenta madrileña.
El idioma de la mentira
Más sutil, pero con la misma contundencia, se mostró la extremeña María Guardiola, quien avisó de que la «ley de perdón no es una reconciliación, sino la certificación de una ruptura» llevada a sitio «con un Gobierno pretoriano que ha hecho de la mentira su idioma». El valenciano Mazón, por su parte, afirmó en presencia de Aragonès que «los ‘països catalans’ son una ilusión que ni ha existido ni existirá», mientras que López Miras, presidente de la Región de Murcia, aseguró que «si de Pedro Sánchez depende que haya referéndum de autodeterminación, habrá referéndum de autodeterminación».
Convencimiento que compartió incluso Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y Audaz, quien reusmió que la perdón «es el paso previo a la soberanía total y al referéndum de autodeterminación». «Esto es poco que nadie descarta ya por mucho que niegue el Gobierno, porque negó los indultos, negó la asesinato del delito de sedición y negó la propia perdón», concluyó.