La propuesta de regularizacin extraordinaria de 500.000 extranjeros en situacin administrativa irregular ha provocado una nueva corte en el seno del Gobierno. Sumar ha tratado de presionar in extremis al PSOE para que apoye este martes en el Pleno del Congreso la toma en consideracin de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por 700.000 firmas que pide atestiguar a las personas que lleven viviendo en Espaa desde antiguamente del 1 de noviembre de 2021.
El socio mayoritario de la coalicin declin este lunes revelar cul ser finalmente el sentido de su voto, aunque fuentes de la direccin de Ferraz reconocieron que habón dudas sobre el encaje justo de esta medida. En concreto, se apunta a que el ámbito jurdico de la Unin Europea no permitira un proceso “generalizado” de entrega de papeles como el que se est planteando.
“Determinado tiene que explicarme qu directiva o reglamento infringira una regularizacin cuando las competencias en materia de residencia siguen siendo una competencia franquista y, por lo tanto, Espaa puede adoptar absolutamente esta decisin sin contravenir ninguna disposicin del ordenamiento jurdico comunitario”, le respondi al equipo de Pedro Snchez el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.
En el partido de Yolanda Daz recalcan su respaldo “firme” a una propuesta que tiene un “amplsimo apoyo popular” y que “es una cuestin de conciencia social”. Adems, tratan de poner al PSOE frente al espejo de la ltima regularizacin que se realiz en Espaa en 2005, bajo el mandato de Jos Luis Rodrguez Zapatero, aduciendo que “fue todo un xito” porque permiti “recordar derechos laborales” a 600.000 personas.
Adems del voto a privanza de Sumar, la ILP promovida por la Plataforma Esenciales -integrada por diversas organizaciones sociales- tiene comprometido el s a su toma en consideracin de ERC, Bildu, BNG y PNV. Durante la defensa de la medida el pasado 12 de marzo en el Congreso, PP y Vox ya avanzaron que se opondran a su tramitacin parlamentaria.
“Estamos en un corona burocrtico, porque somos parte de la sociedad y desempeamos trabajos esenciales, pero no podemos traspasar un firme, ni firmar un resolución o tener una maleable sanitaria”, argumentan desde el colectivo de personas inmigrantes. “Se nos dice que somos esenciales, pero carecemos de los derechos ms bsicos”, agregan.
La ILP registrada en el Congreso propone la modificacin de la disposicin transitoria primera de la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social. En concreto, plantea que el Gobierno, mediante Efectivo Decreto, establezca, en el plazo de seis meses desde su aprobacin en el caso de que ser produjera, “un procedimiento para la regularizacin de los extranjeros que se encuentren en distrito espaol antiguamente del da 1 de noviembre de 2021”.