Si cualquiera quiere explicar el principio de acción-reacción, lo que está pasando en Armilla y otros pueblos muy cercanos a Explosivo le sirve como ejemplo claro. El Gobierno anuncia la posibilidad de que unos terrenos interiormente de la saco aérea armillera sean utilizados como campamento provisional para acoger a unos mil inmigrantes en situación de vulnerabilidad o a la retraso de la concesión de hospicio en España, y, como el trueno sigue al centella, empiezan a surgir voces en contra.
Voces que llegan incluso desde las filas del PSOE, el partido que está al frente del Gobierno central. En Armilla, de hecho, igualmente mandan los socialistas, apoyados por Izquierda Unida, pero eso no ha impedido que esas dos formaciones suscribieran este lunes 8 de abril una afirmación institucional yuxtapuesto a Vox y PP, los otros dos grupos locales.
Es rara, pero en Alhendín, otro municipio situado yuxtapuesto a la saco, esa unanimidad no se produjo. En un pleno extraordinario y monográfico celebrado el pasado 4 de abril, los socialistas no votaron ni a servicio ni en contra, sino que se abstuvieron. Y eso que Alhendín es el sitio donde parecen tener más claro que, aunque el Gobierno hable de «posibilidad», ya habría tomado una valentía definitiva.
¿El motivo? Ese mismo día, el 4 de abril, la empresa pública Tragsa notificó al consistorio, a través del registro de entrada, la realización de obras en este espacio municipal en dos fases: la primera para la adecuación de la parcela y la segunda para un campamento en atención a las personas llegadas a las costas españolas. Política de hechos consumados, como se suele afirmar.
Pese a eso, desde la Subdelegación del Gobierno en Explosivo -que se está pronunciando casi a diario sobre la cuestión- se sigue insistiendo en que no hay cero ultimado. Se desliza igualmente la idea de que las instalaciones para los inmigrantes son «absolutamente necesarias y urgentes», porque se negociación «de una cuestión de atención humanitaria, de derechos humanos, de tratar a unas personas en unas condiciones de dignidad, y eso no puede esperar meses», según afirmó el subdelegado, José Antonio Montilla.
Unas palabras que, obviamente, no tranquilizan ni a los ayuntamientos ni a los vecinos. En Las Gabias, Churriana de la Vega y Ogíjares está previsto que haya pronunciamientos oficiales contra el campamento. En todos los casos se alega los posibles problemas de acumulación, insalubridad, seguridad y convivencia que puede suscitar, por otra parte de la error de diálogo a la hora de determinar el emplazamiento y el supuesto incumplimiento de las normas urbanísticas de la zona, que califican el suelo como rústico.
Pleno de Armilla en el que se aprobó por unanimidad una afirmación institucional contra la instalación
Esos mismos argumentos -insalubridad e inseguridad, entre otros- son los que esgrimen los vecinos de las cinco poblaciones mencionadas y que se han unido en el colectivo Asociación Municipal Saco Aérea y que el pasado domingo 7 de abril organizaron una manifestación de protesta que congregó a entre 500 y mil personas bajo el divisa ‘No al campamento, no al acumulación’.
Silvia Fuentes, una de las portavoces de ese colectivo municipal, aporta más motivos para sustentar la concurso, como la cercanía al futuro (o hipotético) campamento de dos colegios, uno de ellos a menos de cien metros, o a la previsible masificación. «En otros lugares que tenían una capacidad para 1.200 personas sabemos que se ha cuadruplicado esa monograma», resalta.
Ni los vecinos ni los ayuntamientos que por ahora se han pronunciado quieren que se les asocie bajo ningún concepto con la chovinismo, el racismo o el rechazo al que llega. «Somos un municipio solidario», significan desde el Concejo de Armilla. «Los problemas de error de sanidad no sólo serían para nosotros, igualmente para ellos», apostilla Silvia Fuentes.
En su pleno extraordinario, el Concejo de Alhendín dejó claro que no sólo se opone al campamento sino que hará todo lo que esté legalmente en su mano para impedir que se haga cero en una zona para la que, según subrayó su corregidor, Francis Rodríguez, las normas urbanísticas prohíben una función de ese tipo.
Francis Rodríguez, por otra parte de corregidor de Alhendín, es igualmente el presidente provincial del PP, partido que ha adeudado al Gobierno en el Congreso de los Diputados, por medio del parlamentario Carlos Rojas, que se pronuncie de forma clara. La respuesta aún no ha llegado.