La Agencia Valenciana Antifraude ha revelado irregularidades en los contratos ‘a dedo’ que el aludido Gobierno autonómico -PSPV, Compromís y Unides Podem- liderado por el socialista Ximo Puig adjudicó en materia de servicios de restauración para las reuniones de trabajo realizadas por Presidencia desde 2018 hasta 2023. Igualmente en el suministro de artículos de menaje para el comedor del Palau de la Generalitat, que se adjudicó a la misma empresa durante tres primaveras consecutivos, entre 2020 y 2022, «infringiendo el remate temporal».
En un crónica fechado el 30 de abril y publicado este martes tras culminar su investigación, el organismo autonómico independiente señala que el objeto de cada uno de los expedientes era el mismo de forma reiterada, «produciéndose un fraccionamiento fraudulento de los contratos en el que se ha eludido el procedimiento de adjudicación oportuno, sin realizarse con la debida publicidad y concurrencia».
Encima, al tramitarse como contratos menores -pese a ser «evacuación recurrentes, periódicas y previsibles»- siquiera se aplicaron «mecanismos de control previos en materia de fiscalización«. La entidad reprocha que la Agencia hiciera caso omiso a las advertencias de la Intervención de la Generalitat, por lo que aprecia una »clara intencionalidad« en su función. En uno y otro casos, los contratos se iban encadenando o incluso se solapaban y había »vinculación« entre las empresas que los prestaban. No se consultaban otros presupuestos, ni se estudiaban los precios de mercado.
El compra total realizado en comidas durante seis primaveras ascendió a 121.428 euros, de acuerdo con los vigésimo expedientes analizados por Antifraude. Al menaje del comedor del Palau se destinaron otros 10.890 euros. Cifras resultantes tras las correspondientes desafectaciones, ya que el cuantía calculado inicialmente era superior -204.981 y 17.818 euros IVA incluido, respectivamente-, pero el crédito no se ejecutaba en su totalidad en la mayoría de casos.
En el periodo relativo a la pandemia se indicaba en el concepto que el fin de esos encuentros era «tratar temas relativos al COVID-19». De hecho, desde la Generalitat alegan que en esa etapa aumentan las cuantías -se adjudicaron doce contratos por 148.000 euros entre 2020 y 2022- porque se intensificaron las reuniones.
Antifraude no acepta las alegaciones emitidas el mes pasado por Presidencia que, entre otros, defendía que tuvo que acudir a varios contratos menores en un mismo examen por la «inmediatez de estos servicios». Por ello, la entidad pide al Gobierno presente de PP y Vox que encabeza Carlos Mazón que revise de oficio estos expedientes y realice una adecuada planificación presupuestaria en cada examen.
En ese sentido, va más allá y asevera que Presidencia «deberá valorar la transigencia de expedientes internos para exigir responsabilidades entre su personal, al tiempo que le reclama que elabore una instrucción interna dirigida a los responsables de la contratación administrativa para que tengan en cuenta el «carácter estupendo de este tipo de contratos» o «la exigencia de inclusión por escrito en las ofertas de que no existe ningún tipo de vinculación lícito con ninguna de las otras empresas que presenten ofrecimiento».