No fue una audacia sorpresiva y no se enteraron por la prensa aquella mañana. El mismo día que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió tomarse cinco jornadas de consejo y calcular si merecía la pena seguir en el Ejecutor mientras su clan sufría la «máquina del calumnia», el abogado que representaría a su mujer en el Tribunal de Instrucción número 41 de Madrid acababa de personarse en las actuaciones, tras tener conocimiento de que el instructor le había otorgado a ella la «condición de investigada».
Tras el alzamiento del secreto que pesaba sobre buena parte del sumario, este martes este diario tuvo entrada al contenido de la causa desde su origen. Y está el coche del magistrado instructor, Juan Carlos Peinado, que admite a trámite la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez a partir de una serie de exclusivas que la sitúan recomendando a un patrón en la consecución de dos concursos públicos. Dice que los indicios son verosímiles y «merecen ser investigados», «con independencia» de la fuente de conocimiento del denunciante.
Fechado el martes 16 de abril, el coche «dirige la investigación contra la persona de Begoña Gómez como posible partícipe en los hechos investigados, que pudieran ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y de un delito de corrupción en los negocios». Ordena que «se le dé traslado», pues aunque «en el presente momento procesal, no se acuerde la afirmación de la persona investigada, cubo que se le atribuye dicha condición procesal», lo ve «necesario» para evitar indefensiones.
El oficio del erudito de la Sucursal de Rectitud (LAJ) que materializó esta orden del magistrado se emitió el 22 de abril y contiene una firma de notificación de recibo. Ese fue el día en que se envió notificación a Begoña Gómez comunicando que un magistrado de Madrid la tenía por investigada. Era lunes. Al día sucesivo, la Fiscalía fue notificada formalmente de la tolerancia de la causa y las primeras diligencias: citar como testigos a dos periodistas, poner al frente a la Dispositivo Central Operativa (UCO) de la Cuidado Civil y advertir a la afectada.
El miércoles 24 de abril, saltó la liebre cuando ‘El Confidencial’ destapó la existencia de la causa. Para entonces, la mujer del presidente ya tenía abogado, Antonio Camacho, fiscal y ministro de Interior con Zapatero. Ese día envía un escrito al supremo: «Habiendo recibido la señora Gómez refrendo de la parte dispositiva del coche dictado por el cual se acuerda incoar diligencias previas y atribuir a mi defendida la condición de investigada, vengo a poner en conocimiento de este supremo que interesa al derecho de mi representado instar su personación en la presente causa». Esa misma tarde, el presidente del Gobierno anunció en una carta que se tomaba cinco días para reflexionar. En la excursión sucesivo, la Fiscalía, que se refiere a Gómez como «denunciada», recurrió la tolerancia de la causa señalando que el coche carecía «de cualquier razonamiento forense sobre si los hechos relatados reúnen, al menos indiciariamente, los fundamentos de los tipos penales». Aún está irresoluto en la Audiencia Provincial de Madrid.
Los otros contratos
Este es el contexto en el que echó a toquetear la investigación que ahora tiene una nueva cuarto separada, por revelación de secretos en la filtración del documentación de la UCO que el magistrado encargó para aclarar los hechos y que acabó en la prensa cuando en la causa se analizaba a puerta cerrada. Ese documentación, en todo caso, no ha antagónico vinculaciones de la mujer del presidente con los adjudicatarios de la entidad pública Red.es que dieron dos contratos a la sociedad a la que ella firmó sendas cartas de recomendación, Innova Next, —del Categoría Barrabés— cuando concurrió en unión temporal con otra empresa (UTE). La Cuidado Civil no ha podido acreditar que las cartas existieran porque, dice, le desatiendo documentación, aunque considera plausible que así fuera. En todo caso, refiere que Innova Next recibió adjudicaciones públicas tanto de Red.es como del Consistorio de Madrid y del Consejo Superior de Deportes (CSD), entre otros. El magistrado ha requerido a la UCO que aporte todos estos expedientes de contratación. No consta que la Fiscalía lo haya recurrido y eso que la relación es tensa porque el instructor puso por escrito que sospechaba de sus «inusuales» visitas al supremo. En poco están de acuerdo, con todo: un escándalo a Manos Limpias por la «descabellada» pretensión, hace unos días, de retirar el pasaporte a Gómez.
Mientras, la Fiscalía Europea se ha interesado en el caso, delante un aviso de la Inspección Militar de la Sucursal del Estado (IGAE) sobre la posible concurrencia de fondos comunitarios en aquellas adjudicaciones de Red.es que eran para empleabilidad.
El sumario revela que este organismo pidió al supremo el 26 de abril información sobre «los hechos y delitos» que están siendo investigados en relación a cuatro contratos de Red.es a la UTE Innova Next-Escuela de Negocios The Valley porque «la Fiscalía Europea podría, en su caso, salir a practicar su competencia». Adjuntaba un decreto constatando que ya había oficiado a su vez a Red.es para obtener los expedientes «en un plazo improrrogable de cinco días» y preveía solicitar a la Dispositivo de Sucursal del Fondo Social Europeo que chequease si la financiación de los mismos era comunitaria. El instructor contestó casi de seguido que investiga delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en «la adjudicación» de esos y otros contratos.