La Fiscalía del Radio de Mataró y Arenys de Mar, ha presentado denuncia contra diez directivos del Comunidad de Mataró por prevaricación, acoso profesional y falsedad una vez que estima la existencia de indicios para practicar la movimiento penal contra las personas que fueron acusadas de acoso profesional a una trabajadora a la que, pese a contar con protección de la Oficina Antifrau de Catalunya, fue despedida de su superficie de trabajo tras denunciar decenas de irregularidades en la contratación de personal, lo que se entiende como una represalia por parte de la dirección del campo de acción de Urbanística abonada por el gobierno municipal que comparten PSC y En Comú Podem. El TSJC ya resolvió en su día que se había cometido la represalia identificada igualmente por Antifrau.
Desde entonces, Antifrau ha instado en varias ocasiones al Comunidad a enmendar el acoso y el despido, tanto en diciembre como en febrero, pero el gobierno municipal ha seguido incumpliendo las indicaciones.
Un político denunciado: el antedicho concejal de Capital Humanos
La fiscal estima que en el caso denunciado se han producido indicios de delitos de prevaricación, falsificación documental y acoso profesional, por parte de 10 personas, entre las que destaca el concejal del campo de acción de Capital Humanos hasta el 2003, Juan Carlos Jerez, hoy diputado socialista en el Congreso, el directivo del Comunidad, el director de Capital Humanos y varios funcionarios de la despacho.
Destaca igualmente la denuncia contra Maria Buhigas, flagrante arquitecta director del Comunidad de Barcelona, que anteriormente había ejercido como urbanista en el Comunidad de Mataró.
Los cuatro concejales de Vox en el Comunidad de Mataró tras presentar la denuncia en Fiscalía
La Fiscalía igualmente ha remitido el decreto de Conclusión de las diligencias de investigación al colección municipal de Vox ya que durante la grado de investigación, la portavoz del partido, Mónica Lora, igualmente denunció que la proceder del Comunidad podría incurrir en un delito de acoso profesional y otros de prevaricación. Precisamente, la portavoz del partido, igualmente diputada en el Parlament, ha asegurado que “está claro que el corregidor Respingo tiene que dar explicaciones y se tienen que contraer responsabilidades políticas” y anuncia que el unidad sumarial de Vox “proseguirá con el tema hasta el final”.
La trabajadora despedida, había realizado funciones de arquitecta en el unidad de Urbanística del Comunidad y tras ser apartada de sus funciones, elevó el caso a la Oficina Antifrau denunciando el exceso de contrataciones “por la vía singular” o lo que es lo mismo, a dedo. Aún teniendo la condición de “persona denunciante protegida” el campo de acción de Capital Humanos del Comunidad resolvió el despido y cese de la trabajadora denunciante.
El caso se elevó a una sesión plenaria y el gobierno decidió crear una comisión de seguimiento, que aún no ha generado conclusiones.A parte del expediente sancionador de Antifrau, el TSJC ya condenó al Consistorio a indemnizar con 49.139 euros a la denunciante por daños morales.
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