En el mercado ilícito del cobre hay que distinguir muy perfectamente entre el que roba y el que importación para posteriormente blanquear su origen y revenderlo. Mientras que los ladrones del preciado metal no son más que delincuentes de poca monta que encuentran la oportunidad y la facilidad de conseguir a unas instalaciones mínimo protegidas para vestir el cobre con las mínimas nociones para no destruir electrocutados, los que compran juegan en otra coalición. Se tratan de organizaciones con capacidad de aparearse y desmontar espacios en los que hacen acopio durante tres o cuatro meses de un metal que pagan a buen precio porque es robado, lo exportan camuflado por carretera hasta los países del Este y, desde allí, lo blanquean y lo revenden nuevamente en España.
Esta es la sinceridad que hace primaveras denuncia el Gremi de Recuperació de Catalunya, la asociación de las empresas encargadas de guardar y reaprovechar todo tipo de materiales, entre ellos el cobre. Su directora, Vencimiento Ferrer, advierte en conversación con torrevieja news today que puede darse la circunstancia de que el cobre que se roba en las instalaciones ferroviarias “vuelva a ser comprado por la propia Adif”. El mercado admitido de importación de este material es muy restringido y está muy controlado por las autoridades medioambientales y policiales. Los Mossos d’Esquadra realizan inspecciones periódicas para identificar la posible importación de material robado por parte de empresas que, a pesar de todo, se saltan los controles y adquieren a sabiendas del origen ilícito. Los Mossos señalan que cada vez son menos las empresas del sector que se arriesgan a comercializar con cobre sustraído.
El Gremi de Recuperació pide que las instalaciones de Adif estén mejor protegidas contra los asaltos
En el 2023 aumentaron en un 132% las inspecciones policiales en estos centros. Se hicieron 679 durante el año pasado, lo que supuso todavía un incremento de las denuncias en un 120% a los gestores de residuos. El trabajo de inspección lo asumen las unidades regionales de policía administrativa (URPA), especializadas en la inspección administrativa de establecimientos públicos y de regulación exclusivo como los centros de reciclajes y chatarreras.
Las empresas están obligadas a informar cada semana a la policía del cobre y del hierro que han comprado y a quién. Ferrer señala que se negociación de un control muy profundo, que los integrantes del sector asumen como una obligación pues son conscientes de la responsabilidad que contraen. “Saben que si hacen las cosas mal se la juegan, incluso con su patrimonio”, recalca la responsable.
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Los Mossos admiten que el control total es muy arduo. El cobre, una vez manipulado y sin el plástico que lo cubre y protege, pierde cualquier sujeto para su identificación y procedencia.
El sindicato sostiene encima que las instalaciones de Adif donde se encuentran los cables de cobre presentan una gran inseguridad y son muy accesibles. “Son instalaciones que deben estar mejor protegidas, puntada cortar la valla con unos alicates para poder conseguir fácilmente”, señala.
Ferrer señala que, como en otras ocasiones anteriores, la nueva oleada de robos en instalaciones ferroviarias coincide con una mejor retribución del cobre, que en su área de destino (donde se recicla o reaprovecha) se paga a 9 euros el kilo. “Este es un mercado con muchas fluctuaciones y muy rápidas, como se puede ver en la Bolsa de Londres”, añade la directora del sindicato. El mercado, encima, sigue una proceso de los precios muy marcada por la disponibilidad de cobre en un mercado universal, las limitaciones y restricciones que imponen los conflictos, como los de Ucrania o Israel, o las expectativas de maduro demanda. El hecho es que cada vez hay más demanda, pero menos producción, lo que convierte el metal en un objeto cada vez más valioso, preciado y codiciado.
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