En la orientación de disputar contra las ocupaciones ilegales de viviendas que prioriza el gobierno liderado por Xavier García Albiol, el Comunidad de Badalona ha dotado a la Guàrdia Urbana y a las distintas áreas municipales que intervienen en los desahucios de un nuevo protocolo para comportarse en los allanamientos de inmuebles de titularidad municipal. El documento no solo proporciona seguridad jurídica a los agentes, sino que agiliza los trámites para proceder a los desalojos de los espacios municipales.
El nuevo reglamento admitido “permite protocolizar las actuaciones para disputar de forma efectiva contra la ocupación de edificios municipales”, tal como ejemplifica el corregidor, que resume el nuevo ordenamiento como la útil “que desde la justicia simplifica las actuaciones que permiten acelerar los procesos de desalojo” de los inmuebles de titularidad municipal.
Los abogados de los 200 ocupas del instituto B9 han presentado alegaciones para evitar el desalojo
El documento además dota de seguridad jurídica a los agentes de policía que intervienen en las desocupaciones y agiliza la recuperación de los espacios ocupados, ya que coordina la concierto policial con las de otros departamentos municipales como el de Patrimonio. El protocolo alude al artículo 28 de la ley 33/2003 que obliga a las administraciones públicas a defender su patrimonio y a profesar las acciones procedentes.
El reglamento es de aplicación en todos los organismos municipales relacionados con la protección de posesiones inmuebles propiedad del Comunidad. Una vez detectada la ocupación, la policía levantará una reseña en la que se identificará entre otros los posibles conflictos de convivencia con el entorno. Una vez informados e identificados los ocupantes, se activará el ámbito de Políticas contra la Ocupación Ilegal para tramitar el correspondiente expediente burócrata. Si el inmueble ocupado no es negligente de forma voluntaria, se procederá a la ejecución forzosa.
Imagenes cercanas al antiguo Instituto Badalona 9, ahora okupado .
Una vez acreditado el delito evidente, los agentes de la Guàrdia Urbana estarán capacitados para desalojar el espacio sin obedecer de una orden legislativo, que en ocasiones es contraria a la recuperación del inmueble, como ya ha sucedido en el intento de desalojo de las 200 personas que ocupan el antiguo instituto B9, en el que el gobierno municipal planifica la construcción de una nueva comisaría. En la ciudad hay otros tres espacios municipales ocupados, además en trámite de desahucio.
Sobre el antiguo IES Badalona 9, el Comunidad ha incoado el procedimiento de desalojo que ha intentado comunicar sin éxito a los ocupas. De ahí que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia la desestimación de las alegaciones que han presentado los abogados que actúan en nombre del colectivo de personas que desde hace año y medio malviven ilegalmente en el inmueble.
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