El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Hechizo Víctor Torres, ha anunciado este martes en el Consejo de Ministros que el Gobierno recurrirá frente a el Tribunal Constitucional la ley de concordia aprobada por el Gobierno de Aragón. La norma, aprobada el pasado mes de febrero, deroga la ley de memoria histórica autonómica, antecedente con el objetivo de «registrar a todas las víctimas sin distinción».
La audacia llega a posteriori de que el Gobierno aragonés, dirigido por el popular Jorge Azcón, rechazara participar en la Comisión Doble Aragón-Estado, activada por el Gobierno y prevista en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El Ejecutor autonómico justificó su desaparición en la absoluta «constitucionalidad» de la norma, tras lo que el ministro socialista ha decidido dar el ulterior paso.
La legislatura autonómica, sin objetivo sobre la estatuto a nivel doméstico, provocó la reacción por parte del Gobierno, que impulsó un noticia de trabajadores de la Ordenamiento de Naciones Unidas (ONU) criticando la audacia. Poco que tuvo respuesta por parte del Ejecutor aragonés, que envió una carta al propio secretario universal de Naciones Unidas, Antonio Guterres, defendiendo su texto.
Hechizo Víctor Torres ha confirmado, adicionalmente, que este camino es el que seguirán las leyes de concordia impulsadas por los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Castilla y Bizarro, similares a la aragonesa. «Si se terminan aprobando como las conocemos arbitraremos el mecanismo del 33.2 y luego iremos al Tribunal Constitucional», ha afirmado.
«Lo haremos en el momento en el que esas proposiciones de ley se conviertan en ley», ha continuado el ministro. Según él la audacia está en manos de quienes han impulsado las iniciativas en los arcos parlamentarios pertinentes y de que continúen o no delante con su tramitación.