El Ayuntamiento de Benidorm recurrirá la condena a pagar 283 millones de euros por terrenos de la Serra Gelada


El Comunidad de Benidorm recurrirá la condena a enriquecer 283 millones de euros (más otros cincuenta de intereses) a propietarios de terrenos situados en el parque natural de la Serra Gelada, según una sentencia del Tribunal Superior de Razón de la Comunidad Valenciana (TSJCV) conocida este jueves.

«Junto a procedimiento», ha anunciado el corregidor, Toni Pérez, quien ha puesto en manos de los servicios jurídicos municipales este asunto y asimismo pedirán una «nota» a la instancia legal correspondiente por esta resolución del contencioso.

Encima, el asimismo presidente de la Diputación de Alicante ha puesto de relieve que por la magnitud y cuantía financiero de esta condena -que equivale con los intereses a prácticamente tres presupuestos anuales del Comunidad- se convierte en una «cuestión de Estado», que podría aceptar el coste como en otras situaciones ha hecho para la adquisición de suelo.

El origen de este pelea viene de la compensión que no han percibido los propietarios de unos terrenos situados en el citado parque natural de la Serra Gelada -la tribu Murcia Puchades-, y que se había estipulado en unos convenios urbanísticos. En concreto, los afectados debían cobrar el rendimiento equivalente con suelo en otras zonas del término municipal, pero no fue así, el documento caducó en 2018 y pleitearon.

Ahora, los tribunales les han hexaedro la razón aunque el Comunidad había considerado nulos esos convenios y el desenlace representa una amenaza para la contabilidad de las arcas municipales.

El corregidor ha defendido la encargo de su equipo de gobierno. «No hablamos de una sentencia firme», ha enfatizado, por otra parte de rememorar que hasta ahora, todas las instancias judiciales les habían hexaedro la razón, luego de comunicarlo al resto de grupos políticos.

«No conozco ninguna sentencia que suponga un contratiempo así a la posesiones de un junta», ha añadido, consciente de la envergadura del problema, y ha apelado a que su resolución «no tiene espacio para la política, tiene espacio para la encargo».

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