El Gobierno ha pasado de puntillas este jueves por la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de la ley de gracia que concederá el olvido lícito para Carles Puigdemont y el resto de encausados por el ‘procés’. Pedro Sánchez se ha ausentado durante todo el pleno que debatía y votaba el veto del Senado a la norma, que finalmente ha quedado rechazado con la mayoría del PSOE y sus socios, y sólo ha hecho acto de presencia cuando la presidenta de la Cámara Desprecio, Francina Armengol, ha decretado los tres minutos de interrupción previos a la votación. Ésta se ha hecho de nuevo y por petición expresa de la concurso por llamada, con cada uno de los diputados siendo llamados desde la Mesa para pronunciar en voz incorporación el sentido de su voto.
Adicionalmente, y al contrario que en otras ocasiones, el Orden Socialista ha escogido a un diputado de tercera fila, muy poco conocido para la ciudadanía, como Artemí Rallo, para pronunciar el discurso de defensa. Y el Ejecutante ha renunciado a intervenir, como siempre puede hacer. Perfil bajo, bajísimo, para una norma que los socialistas consideran histórica y que creen que abrirá, o incluso que lo está haciendo ya, una nueva etapa en Cataluña.
Cuando ha llegado el momento de la votación de Sánchez (los parlamentarios que por otra parte son miembros del Gobierno sentados en la bancada cerúleo, como los de la Mesa, votan en posterior lado, al beneficio del orden alfabético que opera para el resto de sus señorías) varios diputados de Vox le han tildado a gritos de «traidor». Significadamente lo ha hecho el responsable de Comunicación del partido, Manuel Mariscal, que se sienta dos filas por detrás de Santiago Abascal, el líder de la formación.
Armengol, que durante el debate ha llamado al orden a Mariscal por los mismos gritos, no ha hecho ninguna advertencia en esta ocasión. El diputado socialista Rallo ha tildado de «filonazis» a los integrantes del tercer partido del Parlamento. Y a la salida del pleno, mientras contestaba a los periodistas de forma breve sobre el debate, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se ha manido increpada por los diputados de Vox, uno de ellos, Ignacio Hoces, quien todavía ha proferido varios gritos durante el pleno.
Bolaños deje del «respaldo social»
En medio de esa tensión, el Gobierno ha preferido optar por un discreto papel, y su pronunciamiento se ha prohibido a una breve intervención al finalizar el debate, en el escritorio continguo al Hemiciclo, del ministro de la Presidencia y Honestidad, Félix Bolaños, que tan pronto como ha admitido dos preguntas de los medios, como es su proceder habitual. Bolaños ha asegurado que la ley de amnistia «nace con respaldo social», como a su litigio se pudo ver en las elecciones catalanas del 12 de mayo, y con «respaldo forense», en mención al parecer de la Comisión de Venencia que, según el Ejecutante ha venido repitiendo, «avala» la norma. Aunque en existencia le pone serias objeciones, e incluso a su tramitación por la vía de emergencia, mediante una proposición de ley del Orden Socialista y no con un bosquejo del Consejo de Ministros, lo que hubiera obligado a un trámite consultivo obviado con esta fórmula.
Bolaños ha preferido ser cauto sobre la futura aplicación de la ley, que aún no está publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y cuyo avance puede subordinarse de diversas cuestiones prejudiciales frente a el Tribunal de Honestidad de la Unión Europea (TJUE). «La audacia última sobre una ley la tienen los magistrados y jueces, como no podía ser de otra forma. Es proponer, que una vez que entre en vigor, a posteriori serán los jueces y tribunales de este país los que tendrán que aplicar la ley de gracia», ha señalado al respecto Bolaños, que fue quien antaño de la investidura de noviembre llevó al registro del Congreso la proposición de ley del Orden Socialista, que luego ha sido enmendada en varias ocasiones por los partidos independentistas, que incluso en el caso de Junts per Catalunya llegaron a tirar en dirección a detrás la norma en una primera votación.
El cuota de la gracia, el principal que le exigían a Sánchez sus socios, llega en medio de la campaña electoral de las europeas y con un proscenio incierto aún sobre la gobernabilidad en Cataluña, a posteriori de la trofeo en las elecciones catalanas de mayo del líder del PSC, el exministro Salvador Illa. Poco que no es ignorante, como es obvio, a la situación en la que quede a partir de ahora Carles Puigdemont.
El presidente del Gobierno ha cumplido con esa primera exigencia de sus socios, que ahora le reclaman ya el referéndum de independencia en Cataluña, como ha quedado de manifiesto durante el debate en las intervenciones de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, y el de ERC, Gabriel Rufián. De eso se deje desde finales de 2023 en Ginebra en la mesa de negociación abierta en la renta suiza con Junts, que por parte socialista lidera el número tres del partido, Santos Cerdán.
De momento el Ejecutante niega la posibilidad de conceder esa consulta secesionista, como hizo recientemente la portavoz, Pilar Alegría. Hace exacto un año, se cumplió el miércoles, Sánchez decidió anticipar las elecciones generales al mes de julio tras el batacazo territorial del PSOE en las autonómicas y municipales. Entonces se negó con contundencia la posibilidad de amnistiar a Puigdemont. Con la misma con la que ahora se niega el referéndum.