Galicia padece un obligación de financiación de 1.535 millones de euros de promedio cada año. Lo ha determinado el Consello de Contas en un crónica cuidado a petición del Parlamento regional, que encargó que valorase los resultados del Acuerdo 6/2009, de 15 de julio, para la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen popular y de las ciudades con Estatuto de Autonomía (SFA). Expresado de otra forma: cada gallego ha sufrido una merma de 559 euros al año, de media. El objetivo de Contas ha sido «compulsar los resultados obtenidos en Galicia, en términos de equidad y suficiencia, de los posibles» del SFA. Entre 2009, cuando entró en vigor el coetáneo maniquí, que lleva caducado desde 2014, y 2021, final año en el que se practicó la arqueo definitiva del sistema. El sumatorio de esos 13 abriles arroja un saldo de -19.956 millones. Casi -20.000 millones. Tal y como recoge el crónica, el año con la merma más onerosa fue precisamente 2009, con -2.977 millones, seguido de 2020, con -2.233. El cifra más bajo corresponde a 2018: -1.017 millones.
¿De dónde surge este desfase? Contas consigna que, en el período analizado, los ingresos del SFA suponen un promedio anual de 7.420 millones; el 84% de los ingresos no financieros de la Comunidad. A su vez, el compra liquidado por Galicia en sufragar servicios fundamentales se situó en un promedio anual de 6.859 millones; mientras que la arqueo del Fondo de Seguro –que los financia– se quedó en 5.324. La diferencia, siempre de media, son los citados 1.535 millones anuales. Aún excluyendo la financiación adicional, y computando solo el compra financiado con fondos propios, el obligación es evidente: 1.075 millones al año (391 por indígena).
La Comunidad además está en desventaja en cuanto a capacidad tributaria –ganancia para subir o apearse impuestos– por la asignación de posibles: seis puntos por debajo de la media autonómica, cuando sus evacuación de compra se sitúan siete puntos por encima. En 2021, su capacidad tributaria por indígena era de 2.274 euros, en comparación con los 2.618 de media. Atendiendo a la financiación homogénea por indígena, Galicia está por encima de la media (2.505 euros anuales vs 2.434), pero su dinámica en la captación de posibles es «decreciente» y «opuesta» a la general, por «la pérdida sistemática de población total y ajustada». Tanto es así, que el peso relativo de los posibles en el sistema de financiación –a competencias homogéneas– pasó de un 7,1% en 2010 a un 6,6% en el 21. La Xunta –con el PP a los mandos– solventó la insuficiencia de ingresos con niveles de compra inferiores al resto de regiones.
Galicia, se colige, paga el pato de un sistema de financiación injusto con sus características. El crónica recuerda que «la determinación de las evacuación de compra (…) no se realiza en función del coste efectivo de los servicios (…), sino que está ligada al indicador de población ajustada». La ponderación de las principales variables poblacionales de ese indicador, como la población protegida (38%) o la población en antigüedad escolar (20,5%), «no representa el peso efectivo de los gastos» correspondientes, situado en Galicia más o menos del 45% y 25% del compra autonómico.
Otra variable, la dispersión, no tiene siquiera un «tratamiento adecuado para dar respuesta a los sobrecostes» que genera; ni el envejecimiento posee un «tratamiento diferenciado concorde con los costes reales». El peso de la población ajustada no ha dejado de caer en Galicia: de 6,78 en 2009, a 6,56 en 2021. Dos décimas que pueden no parecer demasiado, pero cuyo impacto se comprende mejor aterrizándolo en cifras. Como la pérdida de 220 millones del Fondo de Seguro en 2021.
Sánchez no abre el melón
A Pedro Sánchez no le interesa cascar el melón de la financiación y ahí sigue, cerrado a cal y canto. Con una nueva propuesta del Servicio de Hacienda que no satisface a Galicia, porque –enumera el crónica, permitido por el pleno de Contas el 8 de mayo– es «escaso» el peso de los tramos de anciano antigüedad en la ponderación de la población protegida; se consideran usuarios potenciales, en vez de reales, en el ámbito educativo; y no se ponderan los costes de servicios sociales atendiendo a los grados de dependencia. A mayores, nutrir la ponderación de la dispersión en el 0,6% siquiera cubre el obligación que le genera a la Comunidad; que no recibirá posibles a través de la variable de costes fijos; y tan pronto como obtendrá un estrecho porcentaje por despoblación.
En presencia de esta existencia, el Consello de Contas aboga por un maniquí «basado en la suficiencia general de posibles, en la nivelación total y distribución en proporción a las evacuación reales de compra»; y calcular la población ajustada con un estudio «riguroso» del coste de la prestación de servicios.