Los hechos comenzaron el 26 de junio de 2019. A partir de ese día, la acusada envió, con intención de atemorizar e intimidar a la víctima, diversas cartas anónimas a la estación de servicio en la que trabajaba, situada en la entrada de Cualedro. En ellas, se podían repasar mensajes como “a ti fáltanche muitas por fertilizar por vagar onde non debes, en calquera momento facémosche da cona unha praza de toros” o “vixía o coche porque voy a por il, solo hay que romper o cristal e facerlle o puente, na vida da miña prima non se mete ninguén, puta”.
Con la misma intención intimidatoria, colocó además carteles a lo derrochador del municipio y en la sucursal bancaria de Abanca con mensajes como “asesinato a puta manada a España, falando do xefe, como puta que eres podes acaecer de empleada a xefa, por certo sabes sufragar moi ben o gasoe sobre todo coa mangueira na man, coidado non che vaia revolver e prenda lume”; “tes os días contados pa percibir o teu castigo maldita puta, vigílate”; “vou a por ti maldita puta”; o “se ofrece chica para prostitución, preguntar por (el nombre de la víctima) en la estación de servicio de Cualedro”.
Fáltanche muitas por fertilizar, en calquera momento facémosche da cona unha praza de toros
Por estos hechos, el Supremo de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Verín acordó en su momento una orden de alejamiento y la prohibición de comunicación entre la acusada y la víctima mientras no se diese por finalizado el procedimiento. El mensaje forense, del 15 de enero de 2020, consideró que la víctima pudo ocurrir sufrido un cuadro de ansiedad y depresión como consecuencia de las amenazas en dirección a su integridad, a su vida y a la integridad de su hijo.
La condena
Antaño de comenzar el causa, la acusada reconoció los hechos, por lo que finalmente fue condenada a la pena de 12 meses de prisión con inhabilitación peculiar para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Encima, se le impusieron las costas procesales, incluidas las de la recriminación particular en cuantía de 1.000 euros a fertilizar fraccionadamente en seis meses.
La acusada además deberá indemnizar a la víctima con 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Asimismo, se le concede a la condenada el beneficio de la suspensión de la pena de prisión siempre y cuando no vuelva a delinquir durante dos primaveras y abone la responsabilidad civil.
Por otra parte, se dejan sin emoción las medidas cautelares dictadas por el chancillería verinés. La sentencia es firme y contra ella no junto a solicitud.