Es cierto que el Gobierno central la dejó votando solo 24 horas antiguamente de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, el 31 de mayo, pero la respuesta desde las instituciones y las distintas opciones políticas de la región por la aprobación un día antiguamente en el Congreso de los Diputados de la Ley de Indulto provocó la parte política del discurso institucional más duro y convincente de la historia del acto oficial del Día de Castilla-La Mancha, que este año hacía el número cuarenta. Adicionalmente con coincidencia de los dos partidos con voz, PSOE y PP, y con el importante ingrediente añadido de que se produjo en plena campaña de las Elecciones Europeas. En otros días de la región no se produjeron choques políticos de este calibre, sino basados en otras cuestiones más habituales como el agua, la alivio de los servicios sociales o la indigencia de ir reformando el Estatuto de Autonomía.
A nivel político doméstico el día 31 de mayo estaba señalado tras la aprobación inédita en la vida política española de una Ley de Indulto en unas condiciones como las de este momento, muy diferentes a la que se produjo tras la larga dictadura franquista. Ahora una mayoría apunta a que se pedestal en un exclusivo interés político el Gobierno de Pedro Sánchez por mantenerse en el poder y encima origina desigualdad en el proscenio de las comunidades autónomas. Por eso se hacían esperar sobre todo las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de los pocos líderes socialistas críticos con buena parte de las políticas del Gobierno central.
El titular de Page sobre su clara examen a la mencionada ley tiene el añadido de sumarse a la iniciativa de comunidades gobernadas por el PP, ya que anunció que solicitará un crónica al Consejo Consultivo para ver las posibilidades de sufrir la ley al Constitucional, ya que «la convivencia es lo contrario a cualquier tipo de chantaje», y encima «el perdón no se contrata», en insinuación a los independentistas.
Lo sugerente de los discursos de los representantes del acto institucional del viernes en Toledo no fue que los tres coincidieran en las críticas directas a la atrevimiento del Gobierno en aprobar la ley de Indulto, sino que son de partidos diferentes: Page y el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, del PSOE, y el corregidor toledano, Carlos Velázquez, del Partido Popular, que ya en la campaña viene señalando esta cuestión, como el resto de su partido.
Fue precisamente Carlos Velázquez el que abrió los discursos solicitando en su intervención «tender puentes» y «no asentar muros» tras la aprobación este jueves de la Ley de Indulto en el Congreso de los Diputados y ha reivindicado el carácter igualitario de la «gran obra de la transición».
Velázquez aprovechó su intervención para reivindicar «el contenido, los principios y títulos» de la Constitución Española, que «establece que todos los españoles somos iguales» y que «se fundamenta en la indisoluble pelotón española».
En este punto, pidió «tender puentes» y no «asentar muros», apostando «por la concordia y no por la división o el enfrentamiento», poniendo de ejemplo a Toledo como una ciudad en la «todos conviven y disfrutan en paz».
Posición de Bellido y Page
Por su parte, en el apartado más político, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, pidió a los grupos políticos de la Comunidad Autónoma que no se «contaminen» de la «dinámica de yerro de respeto» imperante en el panorama político del país. «Juntos podemos mejorar Castilla-La Mancha y España».
Insistió en que la política debe esforzarse en parecerse más a la sociedad que representa, «que es respetuosa». «Tenemos que esforzarnos por dejar de ofendernos y eso pasa por que no se aplauda más al que insulta, sino al que es capaz de hacer una propuesta colectiva y al que cede, porque es el que tiene convicciones y puede despabilarse consensos», manifestó.
Tras apoyar que Castilla-La Mancha ha contribuido a «ser un cifra de cohesión, de unión de nuestro país», indicó que «las regiones están para orquestar nuestro país y no para dividirlo, hemos hecho lo posible por sumar y prestar servicios públicos y acercarlos a la ciudadanía. Todo esto lo hemos hecho con gran esfuerzo los gobiernos y los parlamentos, pero fundamentalmente la sociedad».
El mensaje de García-Page, con repercusión doméstico, se centró en posicionarse como una barrera para impedir que la ley de Indulto salga delante, y eso a través de procedimientos legales, como los anunciados por presidentes autonómicos del PP. Así, aseguró que el Gobierno regional pedirá «esta semana» al Consejo Consultivo de la región un crónica sobre la Ley de Indulto aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados, con el «deseo» de que dé «vía suelto» para que la región «se defienda» en el Tribunal Constitucional delante lo que considera «una atentado al concepto de igualdad».
García-Page aseguró que se va a pedir al Consejo Consultivo que «indague con claridad, con independencia, con normalidad constitucional» cuáles son las posibilidades de que se pueda producir esa «defensa» delante el Tribunal Constitucional.
«Ese sería mi deseo y entiendo que tiene que ser el deseo de la inmensa mayoría, limpiamente, independientemente de la opinión que puedan tener, que esa duda que se puede tener quede despejada. Esas son las normas y las reglas del ocio y son las que pretendo defender, por si cierto puede tener alguna duda sobre si me importa más mi estructura política o cualquier otro tipo de interés», añadió.
El presidente reconoció que «en democracia hay que aceptar lo que se diga mayoritariamente aunque discrepes» pero mantuvo que su posición, que es «conocida», es de discrepancia «de fondo», no solo constitucional.
«Unos se pelean por si ha sido perdón, otros por si es una trofeo. Conquista no, pero tengo que proponer que el perdón no se contrata. Se da o no se da, pero no se hace a cambio de nadie y menos a cambio de un chantaje», dijo.