Imanol Arias y Ana Duato, en el banquillo por fraude a Hacienda



La Audiencia Doméstico celebra desde este martes el sumario por el “caso Nummaria” en el que se sentarán en el banquillo los actores Imanol Arias y Ana Duato, próximo a otra treintena de acusados, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública.

La Fiscalía Anticorrupción y la Leyes del Estado solicitan aproximadamente de 30 primaveras de calabozo para uno y otro actores y todavía para el productor de la serie “Cuéntamé como pasó” y marido de Duato -Miguel Santo Bernardeu- y la hermana del actor -Ana Isabel Arias Domínguez-, por presuntamente sortear impuestos a través de un despacho de abogados -Nummaria- dedicado supuestamente a construir y prolongar una estructura jurídico-económica destinada a tal fin. En concreto, Anticorrupción reclama para Duato 32 primaveras de calabozo, mientras que Arias se enfrenta a 27 primaveras de prisión. Por su parte, la Leyes del Estado -que representa a la Agencia Tributaria en el procedimiento- pide similares penas: 28 primaveras para uno y otro y multas que suman aproximadamente 16 millones de euros.

Según un calendario provisional cuidado por el tribunal, se paciencia que la sagacidad hablado se alargue hasta el mes de septiembre durante aproximadamente 24 sesiones. En el automóvil de tolerancia de sumario hablado, establecido en julio de 2020, el titular del Tribunal Central de Instrucción número 2, Ismael Pardo, imponía a Duato una fianza solidaria próximo con otros tres acusados de más de 2,5 millones de euros en orden a la eventual indemnización a la Hacienda Pública por el IRPF defraudado correspondiente a los primaveras 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017. En cuanto a Arias, el magistrado le imponía todavía fianza solidaria próximo con otros seis acusados por valía de poco más de 2,4 millones de euros por el IRPF dejado de abonar entre los primaveras 2010 y 2015.

El magistrado Pardo concluyó que el despacho Nummaria creó una estructura de sociedades “cuya única finalidad era la de evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y prolongar oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que ésta les generó”. El escrito de denuncia del Ocupación Manifiesto se dirige todavía contra cuatro entidades como responsables civiles y coloca en el centro de la trama para sortear impuestos al propietario del despacho Fernando Peña. Según Anticorrupción, Peña, “con el fin de evitar que las actividades ilícitas que realizaba” bajo la cobertura de la información fiscal fueran detectadas, creó un entramado de sociedades españolas a la par que controlaba múltiples sociedades en Inglaterra, Costa Rica, Canadá, Uruguay o Luxemburgo.

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