Medio Ambiente Rayet, empresa especializada en construcción y promoción inmobiliaria, ha reafirmado su apuesta por la ejecución y realización de Alovera Beach, un parque de ocio proyectado en el municipio de Alovera (Guadalajara), que contempla la creación de la playa urbana más grande de Europa. Una actuación estratégica que es “clave”, según la compañía, para el desarrollo socioeconómico tanto de esta localidad como del propio Corredor del Henares.
Rayet Medio Ambiente es la única empresa que ha participado en el proceso de licitación pública de la concesión, por parte de la Ayuntamiento de Álovera, del citado parque de ocio en la parcela SL-EQ-1 del municipio. Según publican distintos medios, la Mesa de Contratación ha propuesto declarar desierto este concurso, alegando que la oferta presentada por la empresa “no se ajusta a los requisitos del pliego de condiciones técnicas”.
Ante esta decisión, la propia empresa ha querido destacar en un comunicado que en el presente procedimiento se han producido “graves irregularidades” por parte de la mesa de contratación que “le impiden” adjudicarse la concesión “a la que legalmente tiene derecho”. “, por lo que esperará a conocer formalmente cuál es la decisión final, y adoptará, de ser necesario, las medidas legales que correspondan y en la jurisdicción correspondiente.
El pliego de condiciones para este contrato fue publicado en 2022. El 31 de agosto de ese año se abrió el sobre A de la oferta (documentación administrativa) y el 17 de octubre el comité acordó admitir a Rayet Medio Ambiente como único postor del expediente, tras comprobar que cumplía con los requisitos exigidos. según lo detallado por la empresa.
A continuación, la Junta procedió a abrir el sobre B de la oferta (documentación técnica) y, “al no observar ningún defecto”, acordó enviarla a los servicios técnicos para su evaluación. Los servicios técnicos municipales emitieron un informe en el que realizaron diversas observaciones a la propuesta, de acuerdo con su criterio, valorando la oferta en 16,66 puntos sobre 40 posibles y concluyendo que se debía solicitar una serie de aclaraciones y compromisos al licitador.
La empresa explica que estas aclaraciones y compromisos nunca fueron solicitados, y no sólo eso, sino que el 23 de marzo de 2023 el postor presentó una serie de alegaciones a dicho informe, aportando una opinión legal del despacho de abogados GTA Villamagna, peritos en derecho público y contratación administrativa, cuestionando las observaciones del informe técnico y corroborando que la oferta presentada cumplía con las condiciones que rigen la licitación. “En la Plataforma de Contratación no aparecen ni las alegaciones ni el dictamen jurídico antes mencionado, por lo que el oferente no tiene conocimiento de que hayan sido debidamente valorados por la mesa de contratación.”
Sin embargo, continúa la empresa, la mesa de contratación consideró válida la oferta técnica al no encontrar ninguna irregularidad en la misma, procediendo a convocar nuevamente para abrir el sobre C (oferta económica). Dicha oferta económica fue calificada con 60 puntos sobre 60. Por lo tanto, la oferta de Rayet Medio Ambiente obtuvo un total de 76,66 puntos sobre 100 posiblespor lo que la adjudicación automática debería haberse propuesto al único postor presentado.
Rayet señala que en aquel momento algunos miembros de la junta argumentaron que el concurso debía declararse desierto, alegando que no cumplía con las especificaciones técnicas, y decidieron solicitar un informe al secretario del ayuntamiento antes de tomar una decisión definitiva. “El informe emitido corroboró el criterio de dejar desierta la adjudicación, sin mencionar ninguna de las alegaciones del licitador ni del dictamen jurídico presentado ni, sobre todo, la advertencia ‘adcautoria’ que la propia empresa había planteado en dichas “alegaciones sobre la inadmisibilidad de declarando desierta dicha licitación.”
El 21 de julio de 2023, la junta propuso formalmente al Órgano de Contratación declarar desierta la licitación. En este sentido, la empresa señala que a pesar de que sus representantes fueron citados a la misma, la Contraloría municipal les impidió acceder a la reunión, por lo que “no pudieron enterarse de lo discutido, ni revelar las irregularidades que se estaban llevando a cabo”. “. cometiendo.
En definitiva, el licitador considera que esta forma de actuar constituye “una irregularidad grave” en el expediente de contratación, ya que, una vez abierto el Sobre C, no es necesario volver a la documentación del Sobre B, que ya ha sido evaluada por la administracion. con efectos vinculantes, por tratarse de un acto con efectos favorables para él.
Independientemente de que esta forma de actuar automáticamente “invalidaría” una posible resolución encaminada a declarar desierto el concurso, la empresa considera que, además, los supuestos defectos en la documentación técnica son “inexistentes”. Asimismo, señala que los miembros de la mesa de contratación interpretan los requisitos técnicos de forma totalmente opuesta a lo incluido en las cláusulas administrativas específicas, que es el documento que rige la licitación y al que debe ajustarse el órgano de contratación. Así, consideran que las prestaciones auxiliares del parque de ocio son “obligatorias”, cuando en el pliego de condiciones se indica que tenían carácter orientativo.
Los representantes de Rayet Medio Ambiente lamentan “profundamente” que esta “falta de rigor” en la forma de actuar de una serie de servidores públicos ponga en peligro una inversión tan relevante y necesaria para el municipio y sus ciudadanos. Una inversión que Rayet Medio Ambiente – afirma – está dispuesta a acometer, ya que cree firmemente en el proyecto y en su viabilidad.
Desde 2017, la empresa ha realizado una inversión “muy relevante”, tanto en términos económicos como en tiempo para llevar a cabo este proyecto, incorporando a muchos profesionales externos. Por ello, y en defensa tanto de sus derechos como de todos los profesionales implicados en el proyecto, se reserva el derecho de iniciar las medidas legales que considere oportunas, tanto en procedimientos contencioso-administrativos como para posibles derivaciones de responsabilidad personal.