Casi nada cinco días a posteriori de la aprobación de la Ley de Condonación en el Congreso y en la recta final de la campaña para las elecciones europeas, la Reunión de Andalucía formalizó ayer su primer paso para elevar en presencia de el Tribunal Constitucional la ley aprobada por el Gobierno de España en el entorno de los acuerdos suscritos con las formaciones independentistas catalanas para la investidura de Pedro Sánchez. El Consejo de Gobierno aprobó adoptar esta iniciativa de acuerdo con el criterio que establezcan los servicios jurídicos del Gobierno autonómico.
El Gobierno autonómico, que prostitución de liderar así una iniciativa coordinada entre todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP a la que se ha sumado el Gobierno de Castilla y La Mancha (PSOE), aunque defendiendo en todo momento su autonomía. «Es una audacia nuestra en defensa del interés de los andaluces de protección de la comunidad y de la constitución».
Andalucía apoyo su arbitrio en cinco ejes que fueron detallados por el Guía de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz y que deberán ser desarrollados por los servicios jurídicos que tienen por otra parte que acreditar en su arbitrio que se vulneran principios de ámbito autonómico. Tendrá un plazo de tres meses desde que se publique la ley en el BOE.
En primer ocupación, el Gobierno andaluz considera que se «vulnera el principio de separación de poderes que es un pilar del Estado de Derecho» y que supone una «intromisión del parlamento al poder legal que alcanza incluso a procedimientos vivos o pendientes de incoación».
En segundo ocupación, la «quebrantamiento del derecho de los españoles en presencia de la igualdad en presencia de la ley al fijar arbitrariamente que por unos mismos hechos ilícitos y en un mismo ámbito temporal unos españoles deban objetar a las penas y otros queden exonerados de cualquier responsabilidad». Para Antonio Sanz esto supone que «se rompe el principio de igualdad en presencia de la ley. Ciudadanos que delinquieron y se crea un ámbito de impunidad que permite que algunos ciudadanos se vean exonerados y otros ciudadanos por hechos idénticos caiga todo el peso de la ley».
El tercer argumento expuesto por el consiliario Antonio Sanz es que se «vulnera la seguridad jurídica al fijar un principio de hecho que grieta la confianza ciudadana en el sistema sumarial, abre un espacio de impunidad en el que sólo para determinados ciudadanos las leyes no se van a aplicar».
El cuarto eje es que «vulnera el derecho a la tutela legal efectiva de quienes han sido víctimas entre los que se encuentran los poderes públicos cuando el delito amnistiado es la malversación de caudales públicos». «La perdón supone la agonía de las responsabilidades civiles y contables», concluyó Sanz.
Por postrer, el arbitrio se basará en una «quebrantamiento de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos». «Es una ley arbitraria que sólo sirve a intereses políticos y que se aprueba para servir a un partido político», completó el consiliario.
«La ley aprobada por el Congreso vulnera normas y principios constitucionales de guisa evidente. No caben amnistías para personas concretas. Es tóxico contra la igualdad, la separación de poderes, la seguridad jurídica, o quebrantamiento al derecho de tutela efectiva », completó Sanz.