«un engaño de nuestros políticos»


La haber gallega someterá al Pleno la nueva decreto por la que se regulan los requisitos y la documentación que deben incluir las personas que quieran ofrecer una vivienda como alojamiento turístico durante un mayor de 60 días al año. Así lo explicaron este martes en una rueda de prenda la alcaldesa de la ciudad, Goretti Sanmartín, y el concejal de Urbanística, Iago Lestegás, a posteriori de activo puesto en global el documento con las entidades que representan a los sectores involucrados en el ámbito del uso turístico de la vivienda, Aviturga y Previturga, la tarde la etapa inicial. Se alcahuetería, como indicó el concejal, de un texto que «solo regula la forma de comunicar al Concello los usos asimilados al de vivienda», pero no aquellas preexistentes al PXOM en vigor, modificado en febrero de 2023, una cuestión que ya en su momento generó una gran polémica en la ciudad y que finalmente no podrán regularizarse. Es, según el portavoz de Aviturga, Óscar Soneira, un «farsa total» tanto del inicial gobierno como del presente, por el que 600 familias no podrán retomar el uso turístico de unas 700 viviendas a pesar de que cumplían los criterios del inicial Plan de ordenamiento municipal. Ahora, indica, el único paso que queda opr tomar es ir a los juzgados.

«En el debate sobre la modificación del PXOM en el pasado mandato, se recogió la posibilidad de que hubiese una decreto de usos preexistentes», indicó la alcaldesa de la ciudad. En aquel momento, continuó Sanmartín, «entendíamos que había algunas demandas que podrían, en todo caso, dirimirse, debatirse y decidirse en una disposición transitoria que figurase en esa misma modificación». Pero al no hacerse, explicó, «los informes jurídicos concluyen» que «no es posible regularizar las actividades preexistentes». Esto, explicó, sería «incompatible» con el planeamiento válido en la presente, puesto que una vez aprobada una nueva ordenamiento de usos, no es posible obtener un título habilitante« para resistir a lado usos contrarios a la modificación. Con todo, la alcaldesa optó por »no obviar« que la consulta pública que se hizo y el debate existente hace poco más de año »generó unas expectativas«, que reconoció que, tras analizar la situación, »son imposibles de materializar«.

De este modo, las personas que estaban pendientes de esta informe desde hace poco más de un año, pierden la esperanza de poder regularizar el uso turístico de sus viviendas, que sí cumplían con la legislatura urbanística en el momento en el que se les entregó el título habilitante. Es, en palabras del portavoz de Aviturga, un «farsa total de nuestros políticos». «Goretti Sanmartín nos dijo varias veces» que «iban a despabilarse el encaje» para que «la gentío que estaba funcionando ayer de la modificación del plan urbanístico pudiese negociar», asegura en conversación con torrevieja news today. Falsas promesas de las que incluso acusa al Partido Socialista que, considera, «mintió vilmente», diciendo dejarían irresoluto «hacer una decreto para incorporar los usos preexistentes», que, finalmente, no pudo ser. Una informe que afecta a unas 700 viviendas de 600 familias, a las que solo les queda un único camino posible, el contencioso. «Uno a uno», explica Soneira, «los vecinos que quieran tendrán que lucharlo en los juzgados». Critica, por otra parte, que la «argumentación» que dio el Concello en su momento para promover la modificación del PXOM y regularizar las viviendas de uso turístico, estaba basada en «aumentar la calidad» y «desestacionalizar» el sector, poco que considera que no se promueve con la legislatura presente.

Actualmente, según los datos urbanísticos traslados por el Concello hay 58 Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la haber que tienen título habilitante municipal. De ellas, 24 cumplen la legislatura urbanística válido, «y por lo tanto su situación no varía», y otras 34 la cumplían en el momento en el que se otorgó el título habilitante, pero no la de la modificación. Adicionalmente, según los datos del REAT, «que no tienen validez urbanística» pero da «una idea» de la situación en la ciudad, recalcó Lestegás, había en abril 816 VUT, de las que 170 estarían en localizaciones que sí cumplen con el PXOM presente, -es opinar, en los bajos y en los primeros que están permitidos-.

Por su parte, la decreto presentada estos días en el Concello «culmina el proceso normativo sobre los usos de parque residencial», ya previstos en el artículo 107 del PXOM en vigor, y establece los requisitos y la documentación que deben presentar aquellas personas interesadas en ofrecer su vivienda como alojamiento turístico por un mayor de 60 días al año. Según indicó Lestegás, podrán hacerlo todos aquellos propietarios de una vivienda fuera del casco histórico, siempre que puedan demostrar que se usa como residencia habitual de una persona física durante al menos 183 días al año, por otra parte de aportar la documentación requerida por la oficina recinto. Adicionalmente, en el documento, que durante las próximas semanas se llevará al Pleno del Concello, incluso se prevé el proceso para comunicar el locación por cuartos, aunque no se podrá desarrollar hasta que esté amparado por la legislatura sectorial de la Xunta.

Regular el uso turístico del parque residencial de la haber es, como indicaron tanto la alcaldesa como el concejal de Urbanística, «de imprescindible importancia» para el consistorio para poder apuntalar el ataque a una vivienda digna para la ciudadanía. De hecho, según los datos que maneja el Concello, entre 2018 y 2023, el precio medio del locación aumentó un 33,1%, pasando de los 424,2 euros a 564,5, y duplicando el incremento del IPC de la Comunidad en ese mismo período. «Un problema severo de ataque a la vivienda» que no es único de Santiago, como destacó el concejal de Urbanística, que reconoció que, si acertadamente «el uso turístico no es la única causa de la crisis de la vivienda» que padece la ciudad, sí que «contribuye». Para solventarlo, por otra parte de regular este tipo de usos, desde el gobierno recinto están emprendiendo otras iniciativas, indicó, como una Empresa Municipal de Vivenda o el registro de solares.

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