El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha condenado al Concejo de Vigoa retribuir una indemnización a una vecina por los daños que le ocasionó el ruido provocado por el despliegue navideño, exactamente “por vulnerar los derechos fundamentales a la intimidad personal y conocido y a la inviolabilidad del domicilio de una vecina del centro de la ciudad por el ruido provocado durante la celebración de la Navidad del año 2022-2023″.
Los magistrados de hecho, exigen al consistorio en su sentencia que adopte “las medidas necesarias” para evitar “la reiteración de su conducta lesiva de los derechos fundamentales” y para respaldar “que los niveles de ruidos exteriores e interiores no rebasen los umbrales fijados por las normas aplicables”. Es sostener, que baje el pandeo.
La denunciante tiene dos hijos pequeños
La vecina afectada, según la sentencia, “tuvo que desenvolver su vida diaria unido a sus dos hijos de corta tiempo”, tenían 1 y 3 abriles en el momento de los hechos, “conviviendo con un ruido que excedía de los límites de lo permitido, según la legislatura de aplicación”.
Los magistrados del suspensión tribunal consideran que esta situación “podría conllevar una afectación potencial a la vigor de las personas”, y destacan que “implica un menoscabo del ampliación de la personalidad, al imposibilitar el ampliación de la vida diaria, lo que vulnera los derechos fundamentales denunciados como violados”.
La mujer solicitaba una indemnización de 1.640 euros, equivalente al precio del inquilinato de una vivienda de iguales características y situación durante ese periodo, pero el Tribunal ha rebajado esa cantidad y ha fijado la indemnización por los daños ocasionados en 600 euros.
Inacción por parte del consistorio
Incluso hace remisión la sentencia a la inacción del consistorio que, dicen, “se mantuvo inactivo al respecto de la contaminación acústica que se estaba produciendo”. El Tribunal recuerda que “existe un deber de los poderes públicos de garantizarnos el disfrute de nuestro refrigerio y tranquilidad mínima“.
La sentencia no es firme, por lo que habrá que esperar para ver si el consistorio da un paso más y el caso llega al Tribunal Supremo.
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