La concejalía de Seguridad Ciudadana de Burgos, en manos de Vox, ha arreglado aumentar el control del «padrón ilegal» de inmigrantes irregulares en la ciudad a través de un software presentado por su portavoz y vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, que incluye la petición de «la suspensión de cualquier tipo de ayuda social para aquellas personas que han ingresado ilegalmente en la ciudad».
Horas posteriormente de que se presentara esta iniciativa, desde el Clase Municipal Popular han señalado que «las propuestas planteadas» por sus socios de Gobierno municipal «se debatirán cuando se presenten en presencia de el Pleno». En este sentido, han recordado que esta propuesta «forma parte de una proposición elaborada por ese partido -Vox- que trataron de transigir de necesidad al pleno ordinario de mayo», si perfectamente finalmente no se incluyó en el orden del día. De momento, sin concretar a qué medidas se refieren, ya han querido dejar claro que «en algunas no tenemos el mismo criterio».
El plan atrevido por el socio minoritario del PP en la coalición que rige el Junta burgalés prevé, adicionalmente, inspecciones periódicas y visitas domiciliarias de la Policía Almacén; un canal para suministrar «denuncias anónimas» sobre las que los agentes harían «un seguimiento». En el caso de que se compruebe la ilegalidad del padrón, según ha explicado Martínez-Acitores, «se tomarán las medidas necesarias para corregir la situación y sancionar a los responsables».
Además se prevén controles de identidad en la calle para comprobar el status migratorio. Encima, se pide maduro coordinación en esta materia de la Policía Almacén con la Franquista, Custodia Civil y autoridades de inmigración.
Martínez-Acitores ha asegurado, sin ofrecer datos concretos, que han percibido un aumento de empadronamientos ilegales de extranjeros irregulares y que han recibido varias denuncias en este sentido en Burgos. Por ello, han decidido aplicar una medida que ha agradecido que parte de la dirección franquista de su partido.
El munícipe de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña, ha explicado que este tipo de situaciones puede transigir a que personas que ni siquiera viven en España reciban ayudas públicas mediante un desleal padrón.
Al respecto, los populares, con la alcaldesa Cristina Ayala a la cabecera, han señalado que algunas de las medidas que plantean sus socios «ya se están llevando a extremidad, otras no son de competencia municipal y en algunas más no comparten el mismo criterio». Encima, recalca que en materia de inmigración su conjunto «siempre ha actuado internamente de los cauces que determina la fuero, de modo que si se detectan situaciones irregulares se da traslado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que proceden a realizar las acciones oportunas».
Mientras, la concejala socialista en el Junta de Burgos, Sonia Rodríguez, abogada de la ONG ‘Burgos Acoge’, ha procesado a los concejales de Vox de «desconocimiento» al pedir a la Policía Almacén que evite el padrón de inmigrantes irregulares porque «los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a todos sus habitantes». Ha enmarcado así las declaraciones realizadas por el portavoz municipal y el concejal de Seguridad Ciudadana de Vox en la campaña electoral y en la camino política «xenófoba y racista de este partido de extrema derecha». Encima, ha asegurado que la Policía Almacén sólo puede presentarse a domicilios en el caso de una investigación policial, no por una supuesta irregularidad administrativa.
Rodríguez ha destacado que las personas en situación irregular sólo reciben puntualmente ayudas de subsistencia que controla un trabajador social, por lo que no es posible que puedan recibirlas viviendo fuera de España, como han indicado desde Vox. La munícipe socialista ha recalcado incluso que cobrar una pensión o el Ingreso Imperceptible Positivo requiere tener permiso de residencia en España.