Han sido necesarios 16 primaveras para sentar en el banquillo de la Audiencia Provincial de Lugo a los acusados en el sumario más voluminoso sobre proxenetismo de ningún modo instruido por la conciencia española. Pero si la causa ya llegó a la sala de vistas desinflada, ha quedado limitada a –casi– falta tras dos días de razón exprés. Cuatro de los cinco investigados, un centinela civil y tres dueños de prostíbulos de la provincia, han conseguido proceder penas mínimas tras un pacto con la Fiscalía con el que reconocieron los hechos. Y el botellín de los encausados, otro centinela civil, que no quiso pactar para defender su inocencia, se enfrentará a una pena casi testimonial.
Armando L. era un agentes de los equipos Emume de la Número Civil que en teoría debería velar por las mujeres y que los clubes nocturnos en los que trabajaban cumplieran la reglamento válido. Nulo más allí de la verdad: se dedicaba a alertar a los dueño de los clubes de alterne –los tres acusados– sobre las redadas y las inspecciones que se iban a hacer en sus locales. Como contrapartida, el policía era agasajado con servicios sexuales y a veces con fortuna.
En síntesis, esto ha sido lo que han obligado en el razón tanto el centinela civil que lideró la trama destapada por la Operación Carioca como los dueños de los prostíbulos Queens, Eros y Decadencia, José Manuel G., Marcos G. y Jesús G., respectivamente. Ningún de ellos entrará a prisión por la operación, aunque uno de los proxenetas está en la mazmorra cumpliendo condena por otra causa. De hecho, el martes declaró en el razón por videoconferencia desde la prisión.
El que se enfrentaba a la viejo pena era el centinela civil Armando L. Pero tras su pacto con la Fiscalía, su pena quedará rebajada hasta los cuatro primaveras y dos mes de prisión. Sin retención, no los cumplirá. La fiscal ha aceptado que se le suspenda la pena tras acredita unos problemas de sanidad con los que esquivará las rejas.
En el caso de los dueños de los tres prostíbulos, la fiscal reclamaba una pena que ya no superaba el año y medio de prisión. Finalmente, tras confesar los hechos y pactar con la representante del Empleo Divulgado, esa pena se queda en una multa. Los tres estaban acusados de un delito de cohecho pasivo. Todas estas rebajas se explican, sobre todo, por la aplicación de dilaciones indebidas y la reparación del daño.
El único que ha optado por defenderse, pese a que solo se enfrentaría a una pena de nueve meses de prisión, es el centinela civil Julio B., superior del cabecilla de la trama. A tratar de dilucidar su implicación se ha dedicado la viejo parte de la sesión del razón de este miércoles, que ya ha quedado manido para sentencia. Aseguró que él no tiene «falta que ver con la Carioca», pero dice que lo sentenció «un comentario» sobre la togado instructora, Pilar de Lara.