La Fiscalía pide arrumbar la causa contra los cuatro policías procesados por la conducta en la que el provocador Roger Castellano perdió un ojo tras percibir el impacto de una pelota de resina, durante las cargas en Barcelona para tratar de impedir el referéndum del 1-O. En su escrito, consultado por torrevieja news today, el Tarea manifiesto apunta que actuaron en cumplimiento del deber, lo que sería una eximente de responsabilidad criminal. Adicionalmente, indica que al acaecer transcurrido ya casi siete abriles, los delitos de lesiones habrían prescrito.
El disparo de un proyectil de caucho durante la conducta de los policías en la escuela Ramon Llull de Barcelona se produjo, apunta la fiscal, en cumplimiento del mandato jurídico para impedir la votación. Sostiene adicionalmente que, previo al dispersión, los agentes emplearon «un uso progresivo de medios», en el contexto de una conducta «adecuada a los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad».
Fue el mayor responsable del despliegue en aquella zona quien dio la orden de disparar proyectiles. A su vez, el subjefe de uno de los grupos la trasladó y el escopetero la ejecutó. Éste acabó siendo «el autor material del disparo lesivo», sostiene el escrito de la Fiscalía. La víctima, con el apoyo de Irídia, Òmnium y la ANC, formalizó una querella tanto contra el agente que le causó la detrimento, como contra sus superiores, alegando un uso antirreglamentario de las pelotas de gomas.
Por ese motivo, en junio de 2023, el Curia de Instrucción 7 de Barcelona procesó a cuatro agentes por su conducta. Entre ellos, al funcionario que disparó e hirió a Castellano, «incumpliendo las medidas de seguridad» que contempla la circular sobre el uso de material antidisturbios; rezaba el utilitario, así como al mayor responsable de dicha conducta.
Según sus propias declaraciones, fue el mayor responsable del despliegue quien dio la orden de disparar proyectiles de resina para proteger la integridad de los funcionarios. A su vez, los mandos intermedios que integraban el indicativo la cumplieron, y los ‘bocacheros’ -los que disparan las pelotas de gomas- tenía un beneficio de flexibilidad para lanzarse sobre su dispersión. Así, la fiscal apunta que, adicionalmente de cumplir órdenes, no se aprecia «un incumplimiento, por parte del arrojador, de los requerimientos técnicos estipulados en la circular sobre el empleo de material antidisturbios».
Defiende así el Tarea manifiesto que el funcionario disparó «para disuadir a un liga de personas cuya comportamiento entrañaba un peligro tanto para policías como para otros ciudadanos». La orden de exhalar pelotas de resina, sostiene el escrito, «se vio precedida por el dispersión de múltiples objetos contra la confín policial -vallas metálicas, adoquines, piedras-». Lo que el dirigente de liga tildó como «posterior solicitud».
El referencia pericial, que elaboraron los Mossos, determinó que entre el arrojador y Roger Castellano había una distancia de unos 14 metros. La fiscal indica que el «disparo lesivo», por el que el provocador perdió un ojo, «se produjo instantes posteriormente» de que éste «protagonizase una conducta de hostilidad y acometimiento alrededor de los policías». Lo que recogió la Científica de la Policía catalana en las imágenes de aquella término fue que Castellano «propinó una patada a un objeto que estaba en el suelo en dirección a la confín policial calibrado antaño del primer disparo». Todavía «que estaba en primera confín de la protesta».
Por este motivo, y porque lanzó una valla metálica «en dirección a la confín policial» fue incluso imputado por un supuesto delito de atentado contra la autoridad. En su caso, el Tarea manifiesto pide que Roger Castellano sí se siente en el banquillo.
Pérdida de entraña y torturas
Por su parte, Irídia pide establecer a los cuatro policías por un delito de lesiones con pérdida de entraña principal y uno de torturas. Ilícitos excluidos de la ley de condonación. Sostiene así la entidad que la concentración delante el colegio Ramón Llull había comenzado a penas unos minutos antaño de que el inspector imputado, sin que concurriese ninguna situación de peligro para los agentes de la UIP, ordenó usas las porras para dispersar a los manifestantes. Poco posteriormente, dio la orden de disparar pelotas de resina.
En su escrito, Irídia apunta que al comenzar la conducta policial los manifestantes se levantaron del suelo, donde estaban sentados de forma pacífica, dejando la calzada suelto para que los furgones pudiesen marcharse la zona. A pesar de ello, recoge la entidad, algunos agentes habrían empujado a algunos activistas. Entre éstos, Castellano. Fue posteriormente cuando el escopetero procesado disparó dos pelotas de resina, aunque no le alcanzó. Sí lo hizo una tercera. Lo hizo, indica la entidad, «en su obstinada voluntad de causarle daño y dolor, castigándolo por su décimo en la protesta, y de popular acuerdo con el inspector y los subinspectores acusados, que habían regalado las órdenes, seguían en el circunscripción de los hechos, y que ya habían conocido los dos disparos anteriores» contra el provocador.
Ahora será la Audiencia de Barcelona la que tendrá que lanzarse si sienta o no en el banquillo a los cuatro policías y a Roger Castellano, o si archiva la causa contra alguno de ellos.