Se atrevió a desafiar, incluso, al Gobierno, y esta vez le salió cruz. La conducta del corregidor de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, para con el interventor del Concello, es «constitutiva de acoso en el trabajo, declarando la inepto de pleno derecho de todas las actuaciones», incluido «el expediente» y «la resolución por la cual se le cesa». Así lo establece la sentencia del Chancillería de lo Social número 1 de la ciudad de As Burgas, que condena a los demandados a que «lo repongan inmediatamente en su puesto», así como a indemnizarlo con 30.000 euros. La sentencia, con momento de este jueves, y divulgada el mismo día por el TSXG, se puede apelar en presencia de el Superior gallego.
El pasado lunes, el Concejo informaba, a través de una circular informativa de la Alcaldía –recogida por EP–, que el interventor regresaba a su puesto en virtud de una resolución jurídico que dejaba sin impacto su cese. A posteriori de que Jácome lo pusiera a ocuparse de multas de tráfico. Como medida cautelar, en paralelo a un procedimiento contencioso-administrativo, pedía y conseguía regresar a su desempeño previo.
Ahora, el supremo declara inútil el cese, al considerar probado que, «como consecuencia del mensaje» que emitió el interventor que fue a pleno el 1 de agosto de 2023, Jácome «inicia una campaña de desprestigio» del funcionario tanto en los plenos como en las redes sociales, «que no tiene otra finalidad que explicar en presencia de la opinión pública, su futuro cese en su puesto, al resultar un funcionario incómodo». Ese cese, recuerda el sentenciador, se lleva a término a pesar de existir un mensaje, del Profesión de Hacienda, «que se opone radicalmente», por no ser el demandado de huido designación. Y considera «probado», por consiguiente, que hubo «un proceso de acoso», «y no (…) un único conflicto, al estar en presencia de una diligencia desproporcionada por parte del señor corregidor, que no tiene más finalidad que la de dañar la integridad psíquica del trabajador».
Esto, prosigue la conducta, se efectuó por tres vías –plenos, redes sociales y cese–. Trufado de «una serie de descalificaciones tanto en dirección a su trabajo, como en su conducta». El magisrado da la razón al interventor al considerar que el líder de Democracia Ourensana incurrió en «conductas que pueden considerarse como constitutivas de acoso según el Protocolo de Prevención del Concello»; tanto por el «descrédito de la capacidad gremial del funcionario», como al afectar al «prestigio personal».
La sentencia, asimismo, considera acreditado que la diligencia del corregidor «ha provocado un daño en la vigor del» interventor. Los informes expedidos por su médico de travesaño, que lo asiste desde el 2 de enero de este año, reflejan un «cuadro de ansiedad», con sucesivas visitas a la consulta, hasta un dictamen de «un trastorno de ansiedad».
Jácome, contra la prensa
La reacción de Jácome ha consistido en revolverse, una vez más, contra otro de sus grandes enemigos, pegado con los funcionarios: los medios de comunicación. A los que, fiel a su estilo, se atreve a indicar cómo han de hacer su trabajo. En X (Twitter), se preguntó el regidor: «¿Le dará ahora la prensa la misma difusión? Lo dudo». Adjuntos, ‘pantallazos’ de telediario sobre una denuncia por supuesto delito de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos contra el corregidor, archivada por la Fiscalía Provincial de Orense. Una audacia que sí difundió convenientemente el Concejo.