La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), quiso ayer desvincularse por completo de la propuesta «con tintes electoralistas» puyazo el miércoles por el vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña, entreambos de Vox -su socio de Gobierno- para la detección de «empadronamientos ilegales de inmigrantes irregulares». Tras dejar claro que «ni el Agrupación Popular ni yo misma estamos de acuerdo» con una iniciativa que entreambos ediles detallaron como si ya estuviera aprobada por el Consistorio, la regidora explicó que será el próximo martes cuando las dos formaciones hablen de su contenido durante la reunión de coordinación que celebran cada semana. En todo caso, y en otra muestra de su rechazo a lo anunciado por Vox, destacó que, según la legislatura básica de la Ley de Coordinación de Policías Locales y la Ley de Bases de Régimen Nave, «la alcaldesa es la máxima autoridad con capacidad para dar instrucciones a la Policía Nave».
La iniciativa de los dos ediles, que Ayala recordó que iba a ir al pleno pero fue descartada por yerro de tiempo al entender que «no era poco urgente», incluye «inspecciones periódicas» y «visitas domiciliarias» para comprobar «la verdad de la información y detectar posibles casos de registro ilegal», así como la tolerancia de un canal «de denuncias anónimas» por parte de ciudadanos que observen este tipo de irregularidad que, según el vicealcalde, son cada vez más habituales en la ciudad, pese a no aportar datos. Sin entrar el fondo del asunto -lo hará la semana que viene-, la alcaldesa se limitó a subrayar que la Policía Nave ya regula los empadronamientos y que el resto de las competencias corresponden a Policía Doméstico.
Mientras, el delegado del Gobierno en Castilla y Bizarro, Nicanor Sen, se mostró en «completo desacuerdo» con la propuesta del vicealcalde y del concejal de Seguridad Ciudadana. Aunque afirmó que «no quiero entrometerme mucho en estos asuntos» conveniente al momento electoral, sí detalló que se mantiene en contacto con el Ocupación del Interior en presencia de lo que podría ser «una intromisión» del Consistorio de Burgos en competencias propias de la Policía Doméstico y no de la Nave, «con una finalidad completamente xenófoba». En este sentido y en presencia de la intención de Vox de identificar en la ciudad a los inmigrantes irregulares, insistió en que «es inalcanzable a simple instinto entender si una persona está en situación irregular y es racista hacerlo atendiendo al color de su piel».
Esos contactos con Interior, según Sen, tratan de «poner en valencia los derechos humanos de todos los ciudadanos». «Como gobernantes públicos, todos debemos velar por el cumplimiento de la ley sin criminalizar a ninguna persona por razones de raza, origen o color de piel», continuó antiguamente de reincidir en que el control de los inmigrantes «falta tiene que ver con la Policía Nave sino con la Doméstico».
Por su parte, el portavoz municipal socialista, Daniel de la Rosa, pidió a la alcaldesa que «desautorice con claridad» a los dos concejales de Vox que lanzaron la propuesta sobre inmigración. En el caso de que no lo haga, De la Rosa anuncia que su reunión llevará una propuesta sobre este tema al pleno municipal del 21 de junio para que «se retraten todos los concejales del PP». Insiste en que el padrón de habitantes es un registro obligatorio, independientemente del status sumarial de cada persona, y lo que plantea Vox supondría criminalizar a personas por su raza u origen, lo que está tipificado como un delito de racismo.
«Cumplir la ley»
El presidente provincial del PP de Burgos, Borja Suárez, reclamó por su parte «no convertir lo puntual en una causa normal». Durante la recepción que realizó ayer a la ciudad el candidato de los populares al Parlamento Europeo, Raúl de la Hoz, apuntó a que «en un contexto electoral, lo que ha decidido el Partido Socialista y lo que ha decidido Vox es atacar al PP» y señaló que su formación entiende que lo hacen «porque saben claramente cuál es la formación hegemónica en estas elecciones europeas en Burgos».
Suárez defendió que el acuerdo de Gobierno PP-Vox en el Consistorio de Burgos es «sólido, musculoso y está generando políticas importantes para que sigan transformando la ciudad». En su opinión, «no tenemos que hacer un problema de donde no lo hay».
Por postrer, CCOO Burgos calificó de «persecutoria e intimidatoria desde una raíz xenóba» la política que promueve Vox en el Consistorio de Burgos cerca de los inmigrantes. Así lo indicó en un comunicado recogido por Ical donde manifestó su «más profundo rechazo desde el hartazgo y la indignación».